Collboni y Rodríguez unen fuerzas para controlar los pisos turísticos en Barcelona: se prevé una reducción "drástica" en Ciutat Vella

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Mari Latorre
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

Reducir el número de pisos turísticos en Barcelona está marcado como una prioridad para el Ayuntamiento de la ciudad, pero también para la Generalitat de Catalunya y el Gobierno. El aumento de este tipo de viviendas provoca, según las administraciones, agravios en el sector inmobiliario. Por eso, desde el consistorio quieren ponerse manos a la obra y ponerle remedio.

“Nos preocupa el acceso a la vivienda”, ha declarado el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, acompañado de la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Saló de Cent del Ayuntamiento. Ambos se han reunido este miércoles para acudir a la presentación del Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA Barcelona 2026 y mantener una reunión de trabajo en la que han reafirmado su compromiso para sacar adelante políticas públicas de vivienda. 

Según Collboni, el uso principal que debe tener una vivienda es social, es decir, para vivir. Sin embargo, ha señalado que Barcelona está "topada" de pisos turísticos, un hecho que provoca el encarecimiento de los pisos y que mucha gente no pueda acceder a ellas.

Reducción "drástica" en zonas tensionadas

Una de las medidas para erradicar esta problemática es reducir las licencias para pisos turísticos. El alcalde ha explicado que, en el caso de zonas tensionadas como Ciutat Vella, que concentra un número muy elevado de este tipo de viviendas, la reducción será "drástica". 

No obstante, ha avisado de que la eliminación de este tipo de permisos no será rápida, ya que "nada es inmediato y en políticas de vivienda menos". De hecho, ha recordado que antes se deben hacer estudios de impacto para que Barcelona delimite cuál es el número de pisos turísticos que puede soportar una zona determinada de la ciudad. 

Por su parte, la ministra de Vivienda se ha mostrado dispuesta a acompañar en todo momento a los ayuntamientos y a las comunidades en la regulación de los pisos turísticos.

Es más, aunque ha reconocido que las competencias sobre este tipo de permisos son de las autonomías y los municipios, ha explicado que un grupo de trabajo, en el que están representados varios ministerios, ya estudia qué puede hacer a escala estatal respecto a esta problemática. 

Sobre el índice de precios de referencia de los alquileres, Rodríguez ha dicho que es un trabajo "técnico y complejo", pero ha avanzado que de momento ya se han incluido hasta 2.000 viviendas y hay diferentes algoritmos que marcarán el precio final de referencia. 

La ministra ha reiterado que el índice estará listo "durante el mes de febrero", aunque sin dar una fecha exacta. 

Primera fuente de desigualdad 

El alcalde también ha destacado que la primera fuente de desigualdad entre ciudadanos de grandes metrópolis como Barcelona es el acceso a la vivienda. Por eso, ha asegurado que uno de sus objetivos es que cuando un joven decida irse de casa de sus padres, "no tenga que irse de su ciudad ni del sitio que le vio nacer". 

En cuanto al informe que presentó este martes el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, donde señalan que los jóvenes catalanes tienen que destinar más del 100% de su salario neto si quieren vivir solos en un piso de alquiler, Collboni ha lamentado que por desgracia el problema de la vivienda ya no es solo cosa de jóvenes, sino "de cualquier persona".

APARTUR ofrece ayuda a Collboni

Por otro lado, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) se ha ofrecido para "luchar" contra los pisos turísticos ilegales al lado del Ayuntamiento. "Son competencia desleal", ha dicho Enrique Alcántara, presidente de la asociación. 

Ha pedido que no se ponga en el "mismo saco" a todos las viviendas de uso turístico y ha asegurado que el cierre del sector "solo fomentaría la ilegalidad" y haría perder "un impacto millonario" en la ciudad.

Asimismo, ha reclamado una "regulación valiente" del sector que favorezca la profesionalización, permita un crecimiento ordenado y ponga de relieve "las virtudes que tiene la ciudad y su economía". 

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