Un nuevo informe de los letrados de las Cortes, esta vez de los adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso que es donde se tramita la ley de amnistía, reconoce dudas sobre la constitucionalidad de la norma impulsada por el PSOE y apunta que, a juicio de los firmantes, debería ser "articulada" como una "reforma constitucional".
En el informe, con fecha del 10 de enero y al que ha tenido acceso 20minutos, se dice que "la afirmación" contenida en la exposición de motivos de la proposición de ley "de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución". Es decir, que el hecho de que fuera legal la amnistía de 1977 no implica necesariamente que la medida de gracia lo sea en 2024 según la Constitución aprobada al año siguiente.
El informe de los letrados del Congreso también critica la falta de concreción de la que, sostiene, adolece tanto la determinación de los delitos amnistiados como el marco temporal de aplicación de la futura ley. "Esta indeterminación podría lesionar el principio de seguridad jurídica", denuncia el texto, que afirma que referirse de manera tan amplia a los posibles delitos amnistiados y también al contexto temporal en el que se pudieron cometer "no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular".
"Por otra parte", continúa el informe de los letrados, "la extinción de responsabilidad en relación con el delito de malversación que la proposición pretende a través de la amnistía podría comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole, perseguidas por el Derecho de la Unión Europea". Y no solo "puede ser contraria al Derecho europeo" esta parte de la ley, sino también la inclusión en la amnistía de los delitos de terrorismo en los cuáles no haya aún sentencia firme, diseñada para incluir en ella las acciones de los CDR pero que, según los letrados, podría ir en contra de la normativa comunitaria porque "en ningún caso" la UE prevé la "extinción de responsabilidad" de los autores de estos delitos.
A los letrados también les generan dudas las disposiciones de la proposición de ley que permitirán suspender las eventuales medidas cautelares que se adopten respecto de acciones amnistiadas, "incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones". "Cabría plantearse si una ley especial puede contener una incursión en uno de los procedimientos constitucionales", plantea el informe, que plantea la "duda" de si la proposición de ley de amnistía "regula una cuestión que afecta a materia contenida" en la ley que regula el Tribunal Constitucional "sin modificar esta ley".
La proposición de ley fue objeto ya de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan "palmarias" como para vetar su tramitación.
Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia, que fueron secretarias generales de la Cámara con presidentes del PP, según Ep, las que inciden en esas dudas, "aun excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaria y evidente" y subrayando "la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales".
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