El Supremo estudia una querella contra Pisarello y Asens por la quiebra del parque temático de Barcelona Open Camp

El Tribunal Supremo estudia desde hace unos meses una querella del empresario Francisco Medina, fundador del extinto parque temático del deporte Open Camp y actual director de Gaudi Innovation, contra los ex tenientes de alcalde de Barcelona Jaume Asens y Gerardo Pisarello y el exconcejal Eloi Badia por la quiebra del extinto parque temático del deporte Open Camp.

Medina les acusa de delitos de amenazas, coacciones, extorsión, falsedad documental, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal de partido político. La querella se presentó ante la Sala de lo Penal del Supremo debido a que, en la actualidad, tanto Pisarello y Badia son diputados en el Congreso y, por tanto, están aforados ante este tribunal. Pisarello es, además, secretario primero de la Mesa de la Cámara Baja.

El empresario considera que los querellados trazaron un "premeditado y manifiesto plan delictivo" tras su llegada al Ayuntamiento de Barcelona en 2015 para "paralizar y detener la actividad del parque temático Open Camp del Anillo Olímpico", el que iba a ser, según Medina, "el primer parque temático del mundo dedicado al universo del deporte".

La querella explica que en junio de 2014 la empresa municipal BSM concertó con la emprendedora Open Camp el contrato de alquiler necesario para la cesión del uso y gestión del Estadio Olímpico y la Explanada del Anillo Olímpico, por un periodo de 230 días al año durante cinco años.

Un año después, llegó el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, que modificó "radicalmente de rumbo político" y con el "objetivo manifiesto, especificado en su programa electoral municipal, de la paralización y detención de una explícita lista de proyectos turísticos y comerciales promovidos de forma legítima por la iniciativa privada", entre los que estaba el Open Camp del Anillo Olímpico.

Medina considera que los querellados "tramaron y ejecutaron un deliberado plan delictivo dirigido a detener la actividad e impedir la viabilidad comercial del parque temático, hasta conseguir su manifiesto objetivo perverso" mediante una "pluralidad de delitos de notoria gravedad y masivo alcance que han damnificado y perjudicado a un amplio, reconocido e identificado listado de instituciones públicas, empresas privadas y trabajadores particulares".

El empresario habla de "actos intimidatorios, fraudulentos e ilícitos dirigidos a alterar y subvertir el funcionamiento y viabilidad comercial" de parque temático concertado entre BSM y Open Camp con la "intención de acabar" con el proyecto, "eludiendo la consecuente indemnización económica derivada de los graves daños y perjuicios que sabían iban a causar".

Impedir que se cobrara entrada

En resumen, y siempre según la querella, Pisarello, Asens y Badia "obligaron a la empresa Open Camp a implementar numerosas arbitrariedades y gravámenes impropios sobrevenidos", abusando de su condición de autoridades públicas. Así, asegura que "excluyeron e impidieron a Open Camp la disponibilidad comercial de los principales  espacios y zonas del Estadio Olímpico que habían sido cedidos contractualmente" por BSM, "obligaron a Open Camp a contratar determinadas personas y colectivos afines", vetaron la "producción de

contenidos comerciales, deportivos y culturales", quisieron obligar a la empresa a que no se cobrara entrada al parque temático, o cambiaron de forma "sobrevenida y arbitraria" el régimen jurídico del contrato mercantil con BSM, entre otras acciones.

La consecuencia de todas estas políticas, dice el empresario, fue "el descalabro total y absoluto del modelo de negocio concertado" hasta la quiebra del negocio en el primer y único año de funcionamiento del parque -entre 2016 y 2017-. Según Medina, en ese periodo el parque tuvo 1.095.315 visitantes de los cuales tan sólo 128.318 abonaron su entrada.

La Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena ha de decidir si admite la querella y abre diligencias, en cuyo caso ofrecería a los aforados la posibilidad de declarar voluntariamente. Si estos se negasen, el tribunal tendría que solicitar el correspondiente suplicatorio al Congreso para poder investigarles.