No hay respaldo a Teresa Ribera, pero tampoco una corrección absoluta ni una desautorización tras sus críticas al juez Manuel García-Castellón. El Gobierno y el PSOE escogen una opción intermedia entre insistir en el "respeto" hacia el Poder Judicial, soliviantado por las declaraciones de Ribera, y dejar en la estacada a la vicepresidenta tercera. Mientras tanto, el Ejecutivo trata de desviar el debate asegurando que es el Partido Popular quien no respeta a los jueces y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresa su "profundo rechazo" a las palabras de la ministra de Transición Ecológica.

"Lo que unos hacemos a otros siempre es respetarnos", señaló este sábado la portavoz gubernamental, Pilar Alegría. En declaraciones a los medios a su llegada a la convención política que el PSOE celebra en A Coruña este fin de semana, insistió en que "el respeto prevalece por encima de todo" pero reconoció que al Gobierno "a veces" le pueden gustar "más o menos" las resoluciones judiciales. Se pronunció en una línea similar el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que dijo tener "todo el respeto" hacia el Poder Judicial. "No hay mucho más que decir", añadió. 

La también ministra de Educación y Deportes también apuntó a los 'populares', a quien acusó de "suspender en esta materia" recordando el mensaje en el que Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado en 2018, se jactó de "controlar la Sala Segunda del Supremo por detrás" o con todas las informaciones relacionadas con la 'operación Cataluña', acusando a los 'populares' de "usar todos los recursos para espiar y extorsionar a los responsables políticos".

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El argumento seguido en público también lo remarcan en privado las fuentes socialistas consultadas, que insisten en no desmarcarse de Ribera. Toda ello, pese a que las declaraciones suponen un misil de flotación a la misión encomendada a Félix Bolaños, 'superministro' de Presidencia y Justicia y que lleva semanas intentando recuperar las buenas relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en constante tensión por la ley de amnistía, las declaraciones de las formaciones independentistas y el uso de la palabra 'lawfare' en el acuerdo político entre socialistas y Junts -aunque no está contemplada en el articulado de la ley ya registrada en el Congreso-.

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Cabe recordar que la vicepresidenta tercera cargó directamente contra el juez de la Audiencia Nacional, al que acusó de hacer 'lawfare' por insistir el jueves en que existen indicios claros de un delito de terrorismo en el papel que jugó el expresidente catalán Carles Puigdemont en los disturbios alentados por 'Tsunami Democrátic' cuando los posconvergentes registraron enmiendas para incluirlos como beneficiados de la medida de gracia.

"Hay personas del Poder Judicial que tienen una cierta querencia a pronunciarse en la misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Yo sería muy cauta en la manera respecto a la manera en que se está pronunciando este miembro, que nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esa dirección y en momentos políticos sensibles", apuntó Ribera, que sí fue respaldada públicamente por otra de las vicepresidentas, Yolanda Díaz (Sumar). La respuesta del Poder Judicial no se hizo esperar y en la tarde de ayer el CGPJ la acusó de "deslealtad institucional" en un comunicado que también firmaron los vocales progresistas. En el documento se insistía en el "rotundo rechazo" a las palabras de la ministra de Transición Ecológica por ser "contrarias al deber de respeto a la independencia judicial".