No es una sequía pertinaz, como las del franquismo; algo coyuntural, resultado de tres años malos. Es una sequía perpetua, hija del cambio climático. Y viene para quedarse, al menos durante los próximos siglos. Sonrojan algunos políticos que se acaban de despertar del sueño de regadíos ilimitados para descubrir que el elefante seco sigue en la habitación y no para de crecer.

Una «situación extrema y con muy poco tiempo de margen», lamentan los presidentes de Andalucía y Cataluña. Olvidan que, desde 1988, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU lleva desgañitándose con alarmantes avisos a los que nadie hace caso o, en el peor de los casos, niegan.

Al final, la bomba de la emergencia hídrica nos ha explotado en las manos. Y no se solucionará con más embalses y trasvases porque para que esas nuevas infraestructuras sirvan para algo, tiene que llover más. Y no va a llover más. Es un brutal desafío estructural cuyos costes políticos, sociales y económicos nadie quiere afrontar.

Sin una estrategia nacional bien consensuada a largo plazo, las restricciones que ahora anuncian Cataluña o Andalucía y mañana otras regiones no irán más allá de medidas paliativas, tiritas para tratar de contener una hemorragia de consumo de agua cada vez más bestial que desangra un territorio cada vez más seco.

Pero los culpables de la falta de agua no son ni las piscinas privadas ni las duchas frecuentes. No solo ni especialmente. El 80% del consumo en España se lo lleva el sector agroganadero. Hasta que no se limite y modernice el regadío existente, reduzcamos el número de macrogranjas, dejemos de producir fresas en enero... estaremos condenados a una sequía infinita. Todo lo demás llueve sobre papel mojado.