No es ningún secreto que Bruselas vigila la ley de amnistía, y ya ha pedido en reiteradas ocasiones aclaraciones al Gobierno de Pedro Sánchez, pero todavía no ha entrado en el fondo del asunto: lo hará, como aseguró el comisario de Justicia, Didier Reynders, en su momento, una vez que la norma esté aprobada. Pero hay dos delitos que podrían desencadenar la actuación de la Comisión Europea si finalmente se contemplan en el ‘perdón’ pactado por el PSOE con los independentistas: la malversación y el terrorismo. El matiz incluido este martes con las enmiendas acordadas entre el PSOE, Junts y ERC abre la puerta a una colisión con el Derecho de la Unión, tal y como reconocen fuentes jurídicas consultadas por 20minutos.
En la redacción de la proposición de ley que se registró en el Congreso, los grupos parlamentarios salvaron un punto importante: la amnistía no cubriría delitos relacionados con la gestión de los fondos europeos, algo que intranquilizaba desde el primer momento a Bruselas. Pero la cuestión del terrorismo, ahora sí abordada en las enmiendas, toma un cariz que puede ser decisivo de cara a una futura actuación del TJUE.
En el caso de la malversación, reiteran las fuentes, "todo depende del origen de esos fondos". Además, en lo referente al regreso de Carles Puigdemont, sobre quien ha pesado una orden europea de detención y entrega -ahora desactivada-, es importante recalcar que esta euroorden no quedaría anulada una vez que se apruebe la ley de amnistía, y eso solo sucedería en el caso de que se desactive la orden de detención que hubiera a nivel nacional.
Ya el pasado mes de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto la puerta a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el impacto de la futura ley de amnistía en los delitos de terrorismo, una posibilidad ahora abierta tras el nuevo paso en la negociación. El magistrado recordaba entonces que, "si bien no existe una definición universal de terrorismo, en el ámbito del derecho de la Unión Europea, sí que se ha tratado de armonizar y delimitar algunos conceptos relacionados con el terrorismo".
García Castellón cita, por ejemplo, la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, porque sus primeros artículos "sientan las bases de la regulación europea en materia de terrorismo". Y también hace lo propio con la Directiva 2008/114, sobre los bloqueos de Tsunami Democràtic por los que se vieron afectados los aeropuertos de El Prat y Barajas.
Por otro lado, aunque es más compleja, queda abierta también la vía de actuación de la Comisión Europea. ¿Qué podría pasar? En un caso muy extremo, que se aplique el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos, en el caso de que la norma atente contra el Estado de Derecho. Es un mecanismo que Bruselas ya ha puesto en funcionamiento con Polonia y en menor medida con Hungría, precisamente por atentar contra la separación de poderes, algo que, denuncian muchas voces en la oposición, está ocurriendo también en España.
La mención al Convenio Europeo de Derecho Humanos
El Ejecutivo ha defendido la enmienda pactada con Junts explicando que no se trata de amparar delitos "graves" de terrorismo, que no se amnistía el terrorismo "que todos conocemos". De esta forma, el Ejecutivo sostiene que no se ha tocado la "línea roja" que han puesto sobre la mesa en los últimos días diversos ministros. En palabras del titular de Justicia, Félix Bolaños: "Dijimos que el terrorismo se quedaría fuera y fuera se queda cuando supone una violación de los Derechos Humanos".
Para concretar, juristas consultados por este periódico indican que "lo que busca la enmienda es excluir las lesiones más graves, a la vida o a la integridad física", mientras que se quiere perdonar "las alteraciones del orden público y situaciones como la de Tsunami Democràtic".
Es decir, el texto, diseñado expresamente como prevención ante un posible acelerón en las causas que investigan a Tsunami o a los integrantes de los CDR, pretende amnistiar los actos de estas organizaciones que no han sido condenadas por delitos de sangre.
La propia enmienda recoge que el terrorismo no será amnistiado cuando haya causado "violaciones graves de Derechos Humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos". Es decir, que no podrán amnistiarse los atentados contra el derecho a la vida protegido en el artículo 2 y tampoco la tortura, expresamente prohibida en el tercero.
Según reconocen los juristas consultados, este fragmento de la enmienda estaría expresamente diseñado para tratar de pasar el encaje del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), si bien hay algunos expertos que dudan del concepto de "terrorismo que no haya causado violaciones graves de los derechos humanos". "Jurídicamente no se sostiene", apuntan directamente algunas fuentes, mientras que otras creen que "no hay que dejar de ver el contexto" y creen que el TJUE analizará esta enmienda relacionándola con la situación jurídica actual derivada del procés.
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