El texto de la ley de amnistía ya es definitivo. Al menos en ello insiste el PSOE, que da por finiquitada la negociación con ERC y Junts tras aceptar este martes las enmiendas al articulado por las que se incluyen los casos de terrorismo "siempre que no haya habido una violación de los Derechos Humanos". Los socialistas defienden que votarán que no a los otros cambios propuestos por los independentistas que llegarán 'vivos' al Pleno del Congreso en el que se aprobará la norma, que podría ser a finales de enero o a principios de febrero.

"Ya no habrá más acuerdos", aseguran fuentes socialistas, que confirman que votarán en contra de las enmiendas que Junts y ERC llevarán al Pleno en el que la Cámara Baja deba refrendar el articulado legal. Los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, quiere ampliar dos meses más el periodo que abarque la amnistía -desde el 1 de noviembre de 2011- y añadir una disposición adicional para garantizar que la ley se aplique de forma "inmediata" una vez aprobada por las Cortes Generales. 

Además, los posconvergentes quieren ampliar los actos englobados en la norma, incluyendo los "atribuidos" en base a "operaciones policiales artificiosas orientadas a la criminalización de cargos públicos". Asimismo, pretenden amnistiar actos de "colaboradores" aunque no estén directamente "vinculados" al procés, un planteamiento que podría ir dirigido a personas como la presidenta de Junts, Laura Borrás -condenada por corrupción- o Gonzalo Boye, el abogado del expresident.

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El proceso de enmiendas, al igual que el redactado de la ley, ha sido tortuoso para los socialistas. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, registró la ley en el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre, tres días antes de que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno. Ya entonces defendió que era "una ley que tiene plena cabida conforme con nuestra constitución y marco legal, que permite amnistiar las responsabilidades penales, administrativas y legales relacionadas con el procés".

Un mes después, la Mesa de la Cámara Baja la admitió a trámite. Días antes, los socialistas habían asegurado que la ley saldría del Congreso como había entrado. "Se podrán incluir enmiendas técnicas menores y no se tocará ni una coma de la exposición de motivos", apuntaron fuentes del Gobierno a los periodistas presentes en la celebración del Día de la Constitución. Comenzado el año 2024, los socialistas pidieron a la Mesa ampliar el plazo de presentación de enmiendas y que no finalizara el 3 de enero, sino el 16, para estudiar las propuestas de los que son sus socios de investidura y pretenden que sean de legislatura.

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Dos días despues se celebró la Comisión de Justicia del Parlamento, en la que se aprobaron, efectivamente, cambios menores. Junts terminó sumándose a las enmiendas conjuntas pactadas por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y el BNG, que eran básicamente modificaciones técnicas, pero sí modificaban algunos aspectos para ampliar el alcance de la amnistía. Se incluyó, por ejemplo, se aprobó incluir en el texto el olvido jurídico de los agravios y críticas llevados a cabo a través de la prensa, de medios de comunicación, redes sociales o actividades educativas, una reivindicación de los secesionistas para intentar cubrir a todos los implicados de una manera o de otra en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia. 

No obstante, ni republicanos ni posconvergentes cejaron en su empeño e insistieron en negociar con los socialistas otras enmiendas que pasaban por ampliar el alcance de la amnistía a los delitos del terrorismo. Tras muchas conversaciones, el PSOE cedió y aceptó que la ley amparase los delitos de terrorismo "que no sean graves", pero no el terrorismo "que todos conocemos". El PSOE finalmente aceptó transaccionar algunas de estas enmiendas para fijar que se realice en los parámetros del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Se fijan como límite los artículos 2 y 3, que son los que contemplan la muerte o la tortura.

"Dijimos que el terrorismo se quedaría fuera y fuera se queda cuando supone una violación de los Derechos Humanos", apuntó el ministro de la Presidencia ayer en una rueda de prensa en Moncloa, intentando justificar el paso dado por los socialistas. Si bien Bolaños había apuntado el jueves pasado que el PSOE está "muy convencido" de que "los delitos graves tienen que estar exceptuados de la amnistía, la representante socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, llamó "mentiroso" a Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, por sugerir que la amnistía incluiría delitos de terrorismo.