Terminado el periodo de enmiendas, el Congreso de los Diputados prevé aprobar hoy la ley de amnistía para dar paso al Senado. En el camino se ha modificado el texto en varias ocasiones para tratar de proteger a los amnistiables que aún son objeto de investigaciones relacionadas con el procés. Pero a medida que avanza la tramitación de la ley surgen nuevas posibilidades de que alguno de ellos (en especial el expresident Carles Puigdemont) quede fuera del paraguas de la medida de gracia.
Un auto del instructor del caso Voloh conocido este lunes añade nuevas dudas sobre el blindaje de la amnistía: las presuntas "estrechas relaciones personales" entre el circulo de Carles Puigdemont y algunos miembros de la inteligencia rusa podrían llegar a considerarse un "delito contra la paz y la independencia del Estado", dejando al expresident y a los demás investigados al margen del olvido jurídico. A falta de horas para la votación de la norma, Junts sigue luchando por incluir una enmienda que asegure el olvido jurídico de estos actos.
El juez instructor de Barcelona Joaquín Aguirre acordó el lunes la prórroga de las investigaciones de la trama rusa del procés ante la "extraordinarísima complejidad de la causa" y las "decenas de miles de folios" aún por revisar y analizar. Así lo estableció en un auto en que describe varias reuniones mantenidas por Carles Puigdemont o por miembros de su círculo cercano con rusos y con políticos de ultraderecha de Alemania e Italia.
Entre ellas, se detiene en un encuentro celebrado en el domicilio de Puigdemont horas antes de la declaración unilateral de independencia. Asistieron, además del expresident, el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas; la exdirigente de Junts Elsa Artadi y un antiguo diplomático ruso llamado Nikolai Sadovnikov.
500.000 millones de dólares y 10.000 soldados
El juez conoció los detalles del encuentro este último diciembre, cuando llegó a sus manos un sobre anónimo que contenía los recortes de una investigación periodística publicada en 2022. La investigación dirigida por el Organized Crime and Corruption Reporting Project señala que Sadovnikov, que se presentó como un "diplomático en la sombra" enviado directamente por Vladimir Putin, ofreció a la causa separatista "500.000 millones de dólares y 10.000 soldados armados".
En base a esta y otras reuniones, Aguirre concluye que Rusia buscaba apoyar la causa independentista para desestabilizar la "democracia y la Unión Europea". Con lo cual, ha decretado una prórroga de la investigación de estos hechos que al enmarcarse en el procés serían, a priori, amnistiables.
No obstante, también sería posible que los actos investigados por el instructor quedaran fuera de la medida de gracia ya que la proposición de ley ordena dejar fuera de la amnistía "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional recogidos en el Título XXIII del Libro II del Código Penal".
Estos tipos castigan al "español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional". Pero también al que "publicare o ejecutare en España cualquier orden, disposición o documento de un Gobierno extranjero que atente contra la independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus leyes o provoque su incumplimiento"
Por otro lado, imponen una pena de hasta diez años para quien "con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España" mantenga inteligencia o relación "de cualquier género" con gobiernos, agentes, grupos, organismos u organizaciones extranjeras.
Así pues, la pregunta es si los contactos del independentismo con la inteligencia rusa pueden constituir alguno de estos delitos. Algunos juristas consultados por este periódico creen que "formalmente", los actos podrían encajar en alguno de estos tipos, pero la mayoría advierte de que "es prematuro considerarlo".
Sin embargo, otras fuentes jurídicas opinan que imputar a Puigdemont un delito de traición o contra la paz e independencia del Estado sería "forzar un poco las cosas" siempre que no aparezcan nuevos datos sobre estos encuentros. "Los delitos no prevén el simple contacto de una persona con un agente de inteligencia de otro país, sino la colaboración en una acto que provoque un perjuicio del Estado", explica en este sentido uno de los consultados.
Con todo, Junts se quiso cubrir las espaldas proponiendo ante la Comisión de Justicia del Congreso una enmienda a la amnistía para eliminar ese punto del texto. En vez de los delitos mencionados, planteaban excluir los que atentaran "contra la Comunidad Internacional". No salió adelante, pero la formación de Puigdemont ha dejado 'vivas' varias enmiendas para introducirlas en la norma durante el Pleno de este martes si consiguen el apoyo necesario.
Su intención es dar la batalla hasta el final, y si bien es cierto que el PSOE descarta "por ahora" añadir cambios a la norma, la experiencia dice que las cosas podrían cambiar incluso en el último minuto.
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