Nunca una única ley se había erigido en la dueña y señora de la situación política en España como la de amnistía que hoy se vota en el Congreso. Una tramitación con votaciones al borde del infarto en el último minuto, cambios y enmiendas in extremis que se suceden sin resuello, previsible retraso de su aprobación final por el Senado e incierta aplicación posterior por unos jueces manifiestamente en contra. Difícil tener un parto más complicado.
Alberto Núñez Feijóo parece haber encadenado a esta ley toda su estrategia de oposición. Pedro Sánchez, buena parte de su dignidad y el futuro de su Gobierno. El resto de fuerzas políticas también está teniendo que exponer su visión de España a la luz de cada día, mientras los independentistas catalanes se juegan su ser o no ser y su misma existencia. Tal es el poderío de tan singular e inédita propuesta legislativa.
La controvertida ley de amnistía está devorando nuestro escenario político y de convivencia pero no deberíamos permitirlo. La apuesta es arriesgada políticamente para el Gobierno, no hay duda, pero la ha planteado abiertamente, con sus objetivos plenamente visibles y sometidos a que nuestro Parlamento, democráticamente elegido por los españoles hace apenas seis meses, los suscriba o los rechace.
Una vez aprobada definitivamente, le espera el anunciado recurso del PP ante nuestro Tribunal Constitucional y, posteriormente, ante los magistrados europeos de Estrasburgo. Pocas leyes serán tan escrutadas, línea a línea, como la que pretende el olvido penal de quienes dirigieron el procès independentista en Cataluña. Dejemos, pues, que se aplique el procedimiento.
Este pasado fin de semana, sin embargo, el PP llamaba, por séptima vez consecutiva, a una concentración contra la ley. Aunque el número de asistentes a las convocatorias vaya decayendo, Feijóo continuó con las hipérboles sucesivas. Del "cáncer del Estado de derecho" que representa el Tribunal Constitucional, del que luego se tuvo que disculpar González Pons, el líder de los populares ha pasado a afirmar que "la soberanía nacional ya no reside en las Cortes" y, este domingo en Madrid, a prometer el “rescate democrático de España”. ¿Qué dirá cuando la ley supere todos los pasos establecidos y sea publicada en el BOE?
La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, realizada en plena irrupción de la amnistía en nuestras vidas, señalaba que para los españoles, la omnipresente ley figuraba en el número 37 de sus preocupaciones. Las tres primeras eran la economía, el empleo y la sanidad.
Esta mañana se han conocido los datos del PIB y de inflación. Según el INE, la economía española repuntó el último trimestre del 2023 y creció un 2,5 por ciento, por encima, incluso de las previsiones del Gobierno. El IPC ha subido en enero por el alza del IVA de la electricidad del 5 al 10 por ciento y la revitalización del consumo. Hay vida, pues, después de la ley de amnistía y de cómo resulte su votación de esta tarde. Eso sí, si nuestra clase política es capaz de sobrevivir a sus tensiones.
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