Extremadura es la comunidad autónoma líder en generación de electricidad con energía fotovoltaica. Es con mucho, la que tiene más potencia instalada -5.348 megavatios (MW), más de 1.000 por encima de la segunda, Andalucía- y en 2022 fue donde más crecieron las instalaciones, por una potencia superior a1.400MW. Sin embargo, el balance que hace su gobierno autonómico, del PP, de un despliegue que se aceleró con el ejecutivo anterior, del PSOE, no es nada triunfalista. Desde el gobierno de María Guardiola se comparan sus exiguas oportunidades laborales y recaudatorias con la construcción de un polígono industrial que ocupara 150 kilómetros cuadrados para dar trabajo a solo 300 personas y recaudar 12 millones al año. Son las cuentas de una comunidad que reclama que las energías renovables dejen más beneficios en los territorios donde se implantan, un debate al que en breve el Gobierno central piensa convocar a comunidades, empresas y "todo el que tenga algo que aportar", para estudiar compensaciones y frenar el descontento social por el despliegue de la energía verde.
"Hay 15 hectáreas ocupadas para 300 empleos y para 12 millones de impuestos municipales, es como si construimos un polígono industria de 150 kilómetros cuadrados en el que trabajan 300 personas", ha ilustrado el secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor Gerardo del Moral, en las II Jornada de Sostenibilidad y Plantas Fotovoltaicas organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) este martes en el Congreso, donde también se han escuchado experiencias opuestas, como la de la Comunitat Valenciana que, también con intención de enmendar al gobierno anterior, está deseosa de ampliar su despliegue de renovables, o el de la Junta de Andalucía, que ha defendido la "pedagogía" para convencer a los vecinos de que los parques eólicos y fotovoltaicos no son tan perjudiciales como los pintan. En el terreno municipal, también ha quedado claro la grata experiencia en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Poco empleo y recaudación
Sin embargo, el responsable extremeño ha pintado un panorama "de momento, nada halagüeño" sobre un despliegue en su comunidad de la energía fotovoltaica, que ha lamentado que ni ha dejado el empleo esperado ni tampoco grandes ingresos fiscales.
En un momento en el que Aragón ultima un nuevo impuesto que enerva al sector renovable y que otras comunidades tienen cánones y otros gravámenes para que las plantas eólicas y fotovoltaicas dejen algún beneficio sobre el terreno, Extremadura cuenta principalmente con impuestos municipales, que generan unos 2.000 euros para los ayuntamientos por cada gigavatio generado. Calculando unos 6,1Gw, esto supone "cada año 12 millones, que me parece muy poca cantidad", ha dicho Del Moral, que también considera "absolutamente mejorable" la cantidad de empleo creados. "Por cada 20 MW instalados se genera un empleo fijo al año", ha dicho, sobre una comunidad donde hay otros 3.000 MW en tramitación.
"Hay que comprometerse con el territorio, si el Gobierno de España o la UE no toman medidas urgentes ya para beneficiar a las regiones productoras de energía renovable neta, tendremos que hacerlo las comunidades desde nuestras competencias", ha reclamado el alto cargo de Extremadura.
Consulta en ciernes
Por parte del Gobierno central, las protestas de los pescadores gallegos y asturianos contra los planes para generar eólica marina terminaron de convencer a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de que es necesario que los territorios tengan compensaciones por albergar plantas eólicas y fotovoltaicas, como forma de que haya una "transición justa" que, de paso, aplaque la contestación que existe contra los grandes proyectos en los territorios afectados.
Para estudiar qué beneficios se les puede ofrecer, Ribera convocará de una consulta para "garantizar que el despliegue ordenado y justo de las renovables en los territorios debe ser como espera la ciudadanía", ha explicado en el mismo acto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. La convocatoria se hará de forma inmediata y empezará por identificar quiénes son los actores que tienen algo que aportar en este debate.
"El despliegue [de energías renovables] debe ser rápido pero teniendo en cuenta que afecta a la compatibilidad de los usos de los terrenos, y de una manera ordenada y garantista con el medio ambiente, al mismo tiempo que respeta a las gentes que habitan estos territorios", ha añadido Morán en una visión por parte del Ministerio que ahora tiene más en cuenta la contestación creciente en ciertas zonas.
Valencia quiere acelerar
En todo caso, la percepción que tiene la actual Junta de Extremadura de los limitados beneficios que deja en su territorio la generación de electricidad verde contrasta con los ánimos del gobierno de Carlos Mazón, también del PP, en la Comunitat Valenciana. Sucesor de Ximo Puig al frente de la Generalitat y de una política energética en manos de Compromís y de su apuesta por generar renovables con autoconsumo más que con grandes plantas, el nuevo Govern valenciano quiere imprimir un ritmo más acelerado.
"La Comunitat Valenciana está a la cola de instalación de energías renovables en los últimos años, muy por debajo de Murcia, con una extensión menor de territorio", ha afirmado el director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Manuel Argüelles, que ha avanzado que está en preparación una nueva ley que tomará "lo mejor de las cosas que ya están haciendo otras comunidades"- Ha apostado por las zonas de aceleración de renovables y los procedimientos exprés que ya prevé la legislación nacional, con creación de zonas de despliegue prioritarios para lo que ha pedido la coordinación entre comunidades.
Según el informe anual sobre fotovotaica de UNEF, en 2022, la Comunitat Valenciana se encuentra en el vagón de cola en potencia instalada de fotovoltaica, solo superada por Madrid y las comunidades del norte de España. Frente a los 5.300 MW instalados en Extremadura, en 2022 solo contaba con 423 MW y en 2022 solo se instalaron 15 MW nuevos.
Andalucía, pedagogía
Andalucía ocupa el segundo lugar dentro del ranking nacional de energía fotovoltaica -4.200 MW de potencia instalada, 1.185 de los cuales en 2022, según UNEF- y la Junta ha encarado el problema de la contestación ciudadana mediante explicaciones, campañas informativas y, en definitiva, con "pedagogía", según ha explicado este martes su secretario general de Energía, Manuel Larrasa, que ha detallado que en Andalucía la concentración de parques de renovables se da en 14 municipios y en el que más no ocupa más del 3% de su término municipal. Según ha dicho, el 20% de la potencia renovable está en Andalucía, donde los parques solares o eólicos ocupan el 0,7% de su territorio y entre 1,6 y 1,7% de su terreno agrícola, especialmente de secano.
"Este levantamiento social se debía a que pensaban que íbamos a alicatar Andalucía. Cuando dimos los datos de ocupación [del territorio] se pasó", ha explicado Larrasa, que también ha aludido al hecho de que un propietario de un terreno agrícola ve que puede arrendarlo a un promotor de renovables por mucho más dinero y estabilidad que para la explotación agrícola. "El mayor inconveniente [en contra de las instalaciones renovables] es el paisajístico", pero "en un secarral en medio de la estepa sevillana aporta más beneficio económico que la agricultura".
Larrasa y Del Mora ha expuesto sus distintas experiencias sobre el despliegue de renovables en una mesa dedicada al "diálogo con el territorio", en la que el director general de Transición Ecológica de Castilla-La Mancha, Alipio García, también ha reclamado "medidas compensatorias". Dentro de esta comunidad, sin embargo, la alcaldes de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha expuesto la experiencia positiva de cómo la implantación de parques fotovoltaicos en su término municipal sirvió para fijar población y para sanear las arcas municipales. La transformación, ha dicho, es "comparable en el pueblo a cuándo llegó el ferrocarril".
Según ha dicho, la construcción de los parques supuso que se crearan nuevos establecimientos de hostelería o se ampliaran otros existentes, se crearon entre 500 y 600 empleos directos, se dio trabajo a pymes y autónomos y fue "un revulsivo" para el pueblo, que en 2023 sumó 421 nuevas personas empadronadas.
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