El Gobierno galo anuncia controles en los precios agrícolas de las centrales de distribución en Francia y también en España

Agricultores franceses llevan a cabo una protesta en la autopista A1, cerca del aeropuerto internacional Charles de Gaulle.
Agricultores franceses llevan a cabo una protesta en la autopista A1, cerca del aeropuerto internacional Charles de Gaulle.
Edgar Sapiña
Agricultores franceses llevan a cabo una protesta en la autopista A1, cerca del aeropuerto internacional Charles de Gaulle.

El Gobierno francés va a controlar que los grupos de distribución respetan la legislación que garantiza a los agricultores un precio que cubra los costos también cuando utilizan sus centrales de compra en otros países europeos como España, acusadas de servir para "puentear" las reglas en Francia.

Este es el mensaje del ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, que ha señalado este miércoles que habrá "controles específicos" para evitar que esas centrales de compra fuera de Francia sirvan para "puentear" la ley 'Egalim' que garantiza esos precios mínimos. 

Bajo la presión de los agricultores, que mantienen bloqueadas decenas de autopistas y carreteras, en particular algunos de los principales ejes de acceso a París, Le Maire afirmó en una entrevista a la emisora Europe 1 que no dudará "a la hora de controlar y de sancionar con dureza". En este sentido, recordó que ya se había impuesto una multa de más de seis millones de euros al grupo de distribución Leclerc por este motivo. 

Asimismo, el ministro de Economía francés avisó de que "las sanciones se aplican a todos, en todo el territorio, a todos los grupos de distribución, hagan la negociación a nivel nacional o con centrales de compra europeas". "No quiero que los ingresos de los agricultores sean la variable de ajuste de las negociaciones comerciales", destacó.

En España, esta medida que protege a los agricultores, ya está contemplada en la ley de la cadena alimenticia, que aspira a garantizar la venta sin pérdidas en cualquier país de la UE

Desde UPA explican que la ley española que controla que los agricultores no vendan a pérdidas también dice que es aplicable "a las relaciones comerciales entre cualquiera de los operadores que intervienen en la cadena alimentaria cuando uno esté establecido en España y el otro en un Estado miembro, cuando no resulte de aplicación la legislación de otro Estado miembro". Desde COAG lo que solicitan es que la prohibición de vender a pérdidas sea un reglamento que emane de la UE, para que se cubra a todos los países de Europa y las empresas no cambien de sede para puentear las normativas nacionales.

Una ley que garante mínimos

En Francia, la ley 'Egalim', que en realidad son dos, impone unas reglas en las negociaciones comerciales entre agricultores, industriales y distribuidores, en particular para que los primeros reciban un precio que como mínimo cubra sus costos de producción. Pero hay voces, como algunos sindicatos agrícolas, que se quejan de que los grupos de distribución recurren a las centrales de compras en el extranjero para adquirir productos a precios más bajos exonerándose de estas reglas.

Esta práctica que fue denunciada este martes por el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, que dijo que "algunos grandes distribuidores han organizado con grandes centrales de compra el puenteo de la legislación francesa", sin citar casos concretos.

El grupo francés Leclerc constituyó en 2016 la central de compras Euirelec Trading en Países Bajos con su socio alemán Rewe. La cooperativa gala Système U también tiene una central de compras en Países Bajos con otras empresas del sector neerlandesas y alemanas. 

Por su lado, la compañía francesa Carrefour, ha agrupado por su parte desde 2023 sus filiales en Francia, España, Italia, Bélgica, Rumanía y Polonia en la central de compras Eureca, con sede en España

20minutos

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