El CGPJ se reúne este lunes para denunciar los ataques a jueces en el Congreso ante el "mutismo" de Armengol

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace cinco años y dos meses, debatirá este lunes la publicación de un escrito en denuncia de los ataques a jueces vertidos la semana pasada desde el Congreso de los Diputados "ante el mutismo" de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. El debate tendrá lugar en un Pleno extraordinario convocado a las 17.00 horas a petición de nueve vocales conservadores que recientemente han forzado otros pronunciamientos similares. 

Son José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Abad y María Ángeles Carmona, que el miércoles trasladaron una petición de Pleno extraordinario al presidente sustituto del Consejo, Vicente Guilarte. El primer y único punto del día será este pronunciamiento sobre las intervenciones de varios diputados el pasado martes, durante el Pleno en que se votó la ley de amnistía. 

A lo largo de la jornada resonaron los nombres de tres magistrados en el hemiciclo del Congreso: el instructor de Tsunami Democràtic y los CDR, Manuel García Castellón, el del caso Voloh y la trama rusa del procés, Joaquín Aguirre, y el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Los socios parlamentarios del PSOE y Sumar, su socio de gobierno, cargaron contra las decisiones de estos togados y los acusaron de parcialidad e incluso prevaricación.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, incidió especialmente en las "arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española" para justificar su voto contrario a la amnistía. Según dijo, la norma aún tiene "agujeros" por los que se podría colar "la justicia prevaricadora" para dejar en nada la medida de gracia. La diputada no se limitó a atacar al juez García Castellón, en cuyas manos está la investigación de los presuntos delitos de terrorismo cometidos por Carles Puigdemont y Marta Rovira como dirigentes de Tsunami Democràtic. 

Al contrario, Nogueras se refirió también al juez instructor Joaquín Aguirre, que esa misma semana prorrogó sus diligencias sobre la trama rusa del procés y puso de relieve los contactos del expresident catalán con un presunto diplomático ruso enviado por Vladimir Putin. Por último, la parlamentaria atacó al juez Marchena, que preside la Sala que se encargó del juicio del procés. 

Con todo, Junts no fue la única formación que atacó a los magistrados el pasado martes. La diputada de Podemos Martina Velarde y Gerardo Pisarello, de Sumar, mencionaron en varias ocasiones a García Castellón. ERC y Bildu hablaron de prevaricación en varios momentos de la jornada, aunque sin hacer mención a nombres propios. 

Al día siguiente varios vocales conservadores del CGPJ tenían claro que debían contestar a los ataques y denunciar -de nuevo- las declaraciones de los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Si este martes en el Congreso se dijeron barbaridades, hay que contestarlas contundentemente", defienden en este sentido fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por 20minutos, "ninguna ofensa sin respuesta". 

Por otro lado, los vocales consideran necesario censurar la falta de reacción por parte de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ante estos ataques "intolerables" contra jueces con nombre y apellidos. 

Un protagonismo creciente frente a la amnistía

La denuncia que se plantea este lunes es solo la última de una larga lista de pronunciamientos (más o menos oficiales) que el CGPJ viene haciendo con especial frecuencia desde que se planteó por primera vez la idea de una amnistía a los protagonistas del procés. Ya a comienzos de noviembre el sector conservador del Consejo forzó un pleno para adoptar una declaración institucional sobre la ley de amnistía que el Gobierno tan solo había anunciado. 

Según dijeron entonces los vocales, la amnistía equivale a "la abolición del Estado Derecho en España", por lo que dejaron patente su "intensa preocupación y desolación" ante la medida de gracia. A partir de aquel seis de noviembre, el CGPJ se ha pronunciado en otros escritos o a través de su presidente, que tras conocer las últimas declaraciones de Nogueras hizo un "baldío pero insistente llamamiento institucional" para que los políticos "dejen en paz" a los jueces. 

Otro de los pronunciamientos tuvo lugar hace dos semanas a raíz de unas declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera sobre García Castellón, a quien acusó de tener "cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno". Ante estas palabras, la Comisión Permanente del CGPJ apenas tardó unas horas en mostrar públicamente su "profundo rechazo".