La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo debatirá hoy un informe (no vinculante) sobre la posible imputación por terrorismo a Carles Puigdemont, paso previo a que el alto tribunal decida si se hace cargo de la investigación u ordena que las diligencias continúen en la Audiencia Nacional. La reunión tiene lugar después de que varios medios de comunicación apuntasen hacia la posibilidad de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya presionado al ponente del informe para que descarte la posibilidad de imputar al expresident catalán. Tanto el ponente, Álvaro Redondo, como García Ortiz han negado estas informaciones.
La decisión que tomen los fiscales será remitida al magistrado de la Sala de lo Penal Juan Ramón Berdugo que a su vez hará una propuesta a la Sala para que tome una decisión definitiva. Así se dará respuesta al juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que en noviembre presentó una exposición razonada pidiendo al Supremo que investigue a Puigdemont. El tribunal podría apreciar indicios suficientes para ello o, por el contrario, podría desestimar la petición del instructor para que este continúe con sus investigaciones, como propone el ponente del informe, Álvaro Redondo.
La posibilidad de que el Tribunal Supremo abra una investigación contra el expresident catalán por su vinculación con la presunta organización terrorista Tsunami Democràtic está jugando un papel clave en la tramitación de la ley de amnistía. Tanto es así que la semana pasada Junts votó en contra de la norma precisamente por temer que no abarque los delitos de terrorismo que investiga a día de hoy García Castellón.
Por el momento se conocen tres posturas diferentes sobre las acciones presuntamente delictivas de Tsunami: la del juez instructor, que aprecia indicios de terrorismo y sitúa a Puigdemont "en el vértice" de la organización; la del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que considera que no hubo terrorismo, sino desórdenes públicos agravados, y que los hechos se deberían investigar en Barcelona; y la de Álvaro Redondo, que cree que los indicios son "demasiado abiertos" y propone que García Castellón siga investigando.
Las presuntas presiones de Ortiz
El 23 de enero se encomendó a Redondo que analizase la exposición razonada que García Ortiz había trasladado al Supremo en noviembre. A lo largo de un centenar de folios, el instructor argumentaba que Puigdemont y Ruben Wagensberg (diputado en el Parlament) estaban detrás de Tsunami Democràtic, organización investigada por presunto terrorismo. Al estar ambos aforados, el único tribunal competente para imputarlos es el Supremo, con lo que García Castellón solicitó al alto tribunal que abriese diligencias contra ambos.
Antes de que la Sala de lo Penal conteste al instructor debe recabar el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y el encargado para elaborar el primer borrador ha sido Redondo. Este fin de semana, varios medios de comunicación informaron de que en un primer momento Redondo había elaborado un borrador en el que avalaba la solicitud de García Castellón, pero el pasado martes se reunió con el fiscal general del Estado y acto seguido cambió el sentido de su ponencia.
Estas informaciones han sido desmentidas por la Fiscalía General del Estado y por el fiscal Álvaro Redondo, que sin embargo el lunes admitió haber redactado "un primer borrador interno" que luego reelaboró. Según dijo, tras un "profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados" por García Castellón, concluyó que no había indicios de terrorismo.
Esto ocurrió, según su versión, antes de que el martes pasado se reuniera con el fiscal general "a primera hora" y le comentara el sentido de su borrador. García Ortiz "se dio por enterado" y no hizo ni la más "mínima sugerencia", aclaró Redondo. La Fiscalía se pronunció en el mismo sentido y negó "tajantemente" que García Ortiz hubiera influido en la decisión del fiscal del Supremo.
El ponente no ve terrorismo
Según el informe que se va a debatir este viernes, no hay "indicios racionales de criminalidad" que justifiquen investigar a Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic. Tampoco concurre "el tipo penal de terrorismo", señala el ponente, que insta a García Castellón a proseguir investigando a Tsunami en la Audiencia Nacional. De acuerdo con Redondo, para calificar los hechos de terrorismo sería necesaria la presencia de "un delito grave contra la integridad física o moral, o contra la libertad, llevado a cabo para alterar gravemente la paz pública".
"Procede indicar al instructor que debe continuar las investigaciones, al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal, que justifiquen la elevación de la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación con los referidos señores [Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg]", zanja el fiscal.
Comentarios