Sobredosis, sobreexposición, sobreactuación. Cuando la preposición ‘sobre’ se hace prefijo significa "por encima de, adición, exceso" y creo no malinterpretar el actual escenario político si señalo que padece una nociva sobreabundancia de puñetas –sí, ese encaje que adorna la manga de las togas judiciales-.

De la judicialización de la política, tantas veces criticada, hemos pasado, directamente, al intrusismo de jueces y fiscales que pretenden orientar y hasta vetar, de facto, determinadas leyes cuando sólo les compete aplicarlas.

Este singular proceso, que crece cuando hay gobiernos progresistas, inició su andadura con los numerosos casos abiertos contra Podemos y sus dirigentes, pese a que fueron decayendo uno tras otro. Siguió con la discutible aplicación de la polémica ley del 'sólo sí es sí', de la que, por cierto, van a descubrirse, por fin, sus virtudes gracias el mediático juicio contra Dani Alves por violación de esta semana.

Pero el exceso de irradiación judicial en la política está llegando a su máximo nivel al compás de la tramitación de la ley de amnistía. Ahí están las oportunísimas actuaciones de los jueces García Castellón o Aguirre ampliando plazos o figuras delictivas para sortear lo que despenalizará la ley.

O el caducado Consejo del Poder Judicial, intentando 'reprobar' a la mismísima presidenta del Congreso, Francina Armengol, por no impedir a los diputados criticar a los jueces, y que ha lanzado un comunicado 'regañando' a los parlamentarios por ello. Y el fiscal del Supremo que no ha visto terrorismo en la causa contra Puigdemont, sufriendo acoso y descalificaciones por doquier.

Los jueces no son elegidos por nadie, solo superan una dura oposición. En nuestro sistema, las leyes se aprueban, discuten y critican en el Parlamento. Ese es el terreno de juego, no pretendan cambiárnoslo por las sedes judiciales.