El Gobierno afronta este miércoles el que será el primer revés parlamentario en su lucha por sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Salvo sorpresa mayúscula, la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbará los objetivos de déficit del Ejecutivo, que ya recibieron el visto bueno del Congreso. Estas referencias fijan el máximo que pueden gastar el Estado, las comunidades o los ayuntamientos en sus presupuestos y son imprescindibles para que el Gobierno pueda empezar a tramitar las cuentas públicas para este año. El revés de este miércoles no será definitivo. Pero la perspectiva de que el PP mantenga firme su veto en el Senado ha llevado al Gobierno a buscar un plan B para sortear el muro: aplicará las referencias del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril.
Los puentes entre el Gobierno y el principal partido de la oposición están rotos. El PP ha puesto precio a su apoyo: exige una rebaja fiscal, más margen de gasto para las comunidades y un fondo estatal para mejorar la financiación autonómica de sanidad y educación. Unas condiciones que el Ejecutivo ve "inviables" e "imposibles".
El veto del Senado devolverá la pelota al tejado del Gobierno. El Ejecutivo cuenta con un mes de plazo para intentar sacar adelante otra vez los objetivos de estabilidad. Pero si se encuentra de nuevo con la negativa de la Cámara Alta, el escenario que se abre es una incógnita. Esta situación no se ha producido nunca en los 12 años que lleva en vigor la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, por lo que no existen precedentes a los que aferrarse.
En este punto es donde entra en marcha el plan B del Gobierno para desbloquear el proceso. Si el PP tumba la senda de déficit, el Ejecutivo aplicará automáticamente los objetivos que se recogen en el Programa de Estabilidad que se remitió a Bruselas en abril de 2023. Unas referencias que dejan menos margen de gasto a las comunidades que las que el Ejecutivo ha presentado a Congreso y el Senado.
De esta forma, se busca presionar al PP —que gobierna en la mayoría de las autonomías— para que apruebe el plan A del Gobierno con el argumento de que no hacerlo es "lanzar piedras contra su propio tejado", en palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Según la ministra de Hacienda, esta hoja de ruta está avalada por un informe de la Abogacía del Estado. Un documento que no ha sido publicado y el Gobierno no tiene intención alguna de difundir.
Montero repitió el martes su advertencia a los populares. Dijo que los objetivos de estabilidad "son buenos" para los gobiernos autonómicos del PP y el resto de formaciones políticas. Y añadió que es paradójico que las comunidades autónomas que dirige el PP hayan elaborado sus presupuestos con referencias similares a las que ahora quieren tumbar.
Dudas con el plan Montero
Si la interpretación del Gobierno se demostrara correcta, el camino quedaría libre para que el Ejecutivo pueda presentar el anteproyecto de ley de Presupuestos al Consejo de Ministros, el siguiente hito en el camino. La idea de Moncloa sigue siendo tener listos los presupuestos antes de que acabe marzo, un plazo muy ajustado que cada vez se antoja más difícil de cumplir. El Ejecutivo ya ha empezado a negociar el contenido de las cuentas públicas con los grupos políticos, sin que ninguno haya expresado por ahora su negativa a aprobarlos, según trasladan fuentes gubernamentales.
Sin embargo, no está claro que Montero vaya a salirse con la suya. Un especialista en economía de lo público como Diego Martínez, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador en Fedea, expresa sus dudas a 20minutos. "De entrada no me resulta inmediato verlo con esa interpretación. La ley de estabilidad es muy clara: se da un mes de plazo y si al mes no salen [los objetivos de estabilidad] nos quedaríamos con los presupuestos prorrogados", señala.
Martínez ve difícil de explicar cómo puede prevalecer el Programa de Estabilidad que se remite a Bruselas sobre una norma con rango de ley orgánica como es la ley de estabilidad presupuestaria. En todo caso, vería mayor encaje jurídico usar los objetivos recogidos en el Plan Presupuestario (otro documento con objetivos fiscales que se envía a la Comisión Europea en noviembre). El problema es que este lo elaboró el Gobierno cuando todavía estaba en funciones. Además, hay que tener en cuenta que como las reglas fiscales estuvieron suspendidas desde 2020 hasta 2023, no hay objetivos de déficit aprobados anteriores a los que aferrarse.
El catedrático cuestiona también que la ausencia de objetivos de estabilidad invalide los presupuestos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, como dice Montero. Además, añade que la amenaza de reducir margen de gasto a las comunidades tiene poca fuerza porque este año contarán con un volumen extraordinario de recursos que les permitirá cuadrar las cuentas con relativa facilidad. En todo caso, el investigador señala que la poca claridad del desarrollo reglamentario de la ley de estabilidad hace que el desenlace de esta cuestión sea toda una incógnita.
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