La Policía Nacional ha detenido en Melilla a tres empresarios, y está a la espera de detener a un cuarto, a los que se les considera miembros de un grupo criminal que, supuestamente, se dedicaba a estafar a ciudadanos marroquíes con falsos contratos. Les llegaron a cobrar hasta 9.000 euros para obtener el permiso de residencia temporal en España.
En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que los detenidos están acusados de delitos de falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal. A uno de ellos también se le investiga además por la presunta comisión de un delito de intrusismo profesional.
Los detenidos, varones de nacionalidad española, son empresarios melillenses dedicados a la restauración, construcción, trámites administrativos y comercio que han sido objeto de una investigación de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).
Las pesquisas tuvieron su origen en la "fluida coordinación" entre la Oficina de Extranjería de Melilla y la UCRIF sobre las solicitudes de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Estas eran presentadas por varios empresarios de Melilla y no llegaban a término por diversos motivos imputables.
56 expedientes y 25 víctimas
La UCRIF ha localizado 56 expedientes en los que se habría cometido esta estafa y un total de 25 víctimas de esta red de empresarios que, con la falsa promesa de contratarlas para trabajar en sus empresas o negocios, les solicitaban elevadas cantidades de dinero.
Uno de los investigados era el encargado de captar a los perjudicados, a quienes les hacía creer que serían contratados por él o por alguno de los otros tres empresarios detenidos. En ese momento se empezaban los trámites ante la Oficina de Extranjería de Melilla, aunque nunca se llegaba a la finalización del expediente al no presentarse los documentos.
Entre los casos detectados había varias solicitudes de contratación cuando los empresarios ya no se encontraban dados de alta como tales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Los investigados entregaban a varios de los perjudicados resoluciones favorables de concesión de la residencia solicitada que habían sido presuntamente emitidas por la Delegación del Gobiern. Unos documentos que en realidad eran falsos.
Así, las víctimas, en la creencia de que les había sido concedido el permiso solicitado, se presentaban con esos documentos en Delegaciones Diplomáticas Españolas en Marruecos para solicitar el correspondiente visado que les facultase a entrar en territorio nacional.
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