La escena se repite cada año desde hace tiempo: este miércoles, el rey Felipe VI entregará los despachos a los 160 integrantes de la 72 promoción de la carrera judicial, compuesta por una gran mayoría de mujeres (119). Ellas representan el 56,2% del total de los jueces de España, según los últimos datos revelados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero apenas tienen representación en los altos tribunales del país, un hecho que algunas asociaciones judiciales vienen denunciando desde hace tiempo.
En los órganos centrales del país, solo el 32,2% de los cargos están ocupados por mujeres, señala el último informe sobre la estructura demográfica de la carrera judicial, que recoge los siguientes datos: en enero de 2023 había tan solo 14 mujeres en el Tribunal Supremo, frente a 50 hombres. Tras la jubilación de Inés Huerta el año pasado, a día de hoy solo hay 13 magistradas en el alto tribunal. En la Audiencia Nacional, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuentan 27 mujeres y 36 varones. Ninguna mujer ha presidido jamás ninguno de estos dos órganos. También en los 17 tribunales superiores de justicia predomina la presencia masculina. De hecho, tan solo los de la Comunidad Valenciana y Extremadura están gobernados por juezas.
El número de la revista Igualdad publicado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en marzo de 2023 recoge un artículo de la magistrada Mónica García de Yzaguirre en el que explica la desigualdad estructural de la carrera a través de varios datos. Indica, por ejemplo, que la primera mujer que accedió al Tribunal Supremo, Milagros Calvo Ibarlucea, lo hizo en 2002. La primera vez que una mujer presidió un tribunal superior de justicia fue en 2004, cuando María Eugenia Alegret accedió al puesto en Cataluña.
María Luisa Segoviano, por su parte, fue la primera y única mujer que ha presidido una Sala del Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, algo que no logró hasta el año 2020. De hecho, en la Sala Primera del Supremo jamás ha trabajado ninguna mujer jueza, ya que la única actual, María Ángeles Parra, procede del turno de juristas.
¿Por qué se perpetúa esta situación?
El hecho de que una promoción de la carrera judicial esté integrada por más mujeres que hombres no es en absoluto novedoso, pero esto no se ha reflejado en los cargos de poder. Es decir, que no se puede justificar esta situación alegando que los altos cargos están ocupados por generaciones en las que no accedían tantas juezas a la carrera. Así lo explica a este periódico la magistrada Verónica Ponte, del comité nacional de la AJFV: "Muchos jueces acceden a los altos cargos del Tribunal Supremo o los tribunales superiores cuando tienen unos 50 años, y en ese tramo de edad hay más mujeres [986 frente a 788 hombres]. Está demostrado que a nosotras nos exigen más".
Además, destaca Ponte, la antigüedad media de las mujeres en estos tribunales suele ser mayor que la de los hombres. En el caso del Supremo, es de 36,3 años frente a los 30 años de antigüedad de los jueces. En la Audiencia Nacional son 34,4 años frente a 34. Con lo cual, que estas magistradas no sean aupadas a las salas de gobierno de los altos tribunales no se debe "en absoluto" a que tengan menos experiencia.
La magistrada Verónica Ponte, que destaca la "preocupación" de la asociación a la que pertenece frente a este techo de cristal en la Justicia, explica que la disparidad tiene lugar en los cargos que se nombran discrecionalmente y ahí podría residir el problema. Según dicta la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el CGPJ tiene la potestad de nombrar discrecionalmente a determinados cargos de la Justicia.
Son precisamente estos asientos (los del Tribunal Supremo, los presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia y las audiencias provinciales) los que están mayoritariamente ocupados por hombres. "Son 45 años de vigencia de la Constitución, que establece el principio de Igualdad, y es hora de aplicarlo a los nombramientos discrecionales", defiende Ponte, quien reclama que se motiven más estas designaciones presentando criterios más exhaustivos y menos opacos.
Sin embargo, hay una circunstancia que ha propiciado que esta desigualdad quede congelada en el tiempo: el bloqueo de cinco años del CGPJ y la norma aprobada en 2021 que impide a este órgano realizar estos nombramientos mientras está en funciones. Con las manos del Consejo atadas, los grandes tribunales se han ido vaciando en los últimos años y no ha sido posible designar a nuevos jueces que los ocupen.
La magistrada Mónica García de Yzaguirre lo denuncia con contundencia en el mencionado artículo. "La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras más de cuatro años, y la prohibición al actual de efectuar nuevos nombramientos, perpetúa la foto fija de esta ignominiosa e injustificada desigualdad de la presencia de las mujeres en los altos cargos de la magistratura española. Los datos son concluyentes: subsiste, en quienes nombran, una cultura heredada subconsciente que invisibiliza y minusvalora a las mujeres para ejercer puestos de poder, que mira con recelo la ambición femenina y como cualidad la del varón".
Un último dato destacable es el de las excedencias en la carrera judicial, donde podría residir una parte importante de la explicación de este techo de cristal. El 94,4% de las excedencias las piden mujeres, con la correspondiente pérdida de oportunidades laborales en favor del cuidado de los hijos y familiares. Según concluye Yzaguirre, "seguimos arrastrando hábitos alejados de la deseable corresponsabilidad de varones y mujeres en las tareas de cuidados que lastran social y psicológicamente a la mujer en su progresión profesional".
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