El municipio cántabro de Castro Urdiales lleva ya tres días sumido entre la sorpresa y el horror. El parricidio que se produjo este pasado miércoles en la urbanización Monte Cerredo ha dejado conmocionada a la localidad costera, donde la Guardia Civil continúa investigando después de que los dos menores, de 13 y 15 años y de origen ruso, asesinaran a su madre Silvia L.G, de 48 años, celadora en el Hospital de Cruces (Vizcaya), catequista y conocida en el municipio.
Según avanzaba El Diario Montañés, el mayor de ellos confesó durante su interrogatorio que degolló a su madre, mientras que el pequeño aseguró que el crimen se desató cuando estaba recibiendo una paliza de Silvia. "Mi hermano se tiró por detrás para que me soltara y ella cayó al suelo. Nos pegaba habitualmente", explicó.
A última hora de este viernes, el arma del crimen todavía no había aparecido. Los investigadores de la Guardia Civil han recogido los cuchillos de la casa familiar para ver si entre ellos se encuentra el arma con el que la mujer fue asesinada, ya que creen que usaron un cuchillo de la cocina que después limpiaron. Nada es baladí en un caso que aún mantiene muchas incógnitas.
Lo que se sabe
Silvia recogió a sus hijos del colegio el miércoles y, según las primeras hipótesis de los investigadores, fue asesinada en la cocina de su chalé cuando supuestamente el hijo mayor le clavó un objeto punzante en el cuello.
Tras el crimen, los dos trasladaron el cuerpo al garaje de la urbanización lo colocaron en la parte trasera de su coche, semidesnuda, con una bolsa en la cabeza y otros plásticos en las extremidades.
Además, el vehículo se encontró empotrado contra la pared, por lo que se cree que los menores intentaron huir para deshacerse del cadáver, pero no fueron capaces de conducir. Tras esto, llamaron a la abuela simulando un supuesto secuestro, desconectaron el móvil y huyeron al parque Cotolino.
La abuela, que encontró el cuerpo de su hija en el garaje a las 20.45, fue la que avisó a la Guardia Civil, que desde el primer momento comenzó a buscar a los menores. También se sospechó del padre, pero se encontraba trabajando en una empresa metalúrgica de Bilbao en esos momentos.
A las dos de la mañana, los agentes dieron con los dos hermanos. Uno de ellos fue detenido en el acto y el otro intentó escapar corriendo, pero fue arrestado poco después en el bosque cercano, según ha informado el mencionado diario.
Lo que no se sabe
Más allá de las primeras declaraciones de vecinos y de los propios niños, poco se sabe de lo que pasaba en la casa de Castro, algo que la Guardia Civil también está investigando. Según los compañeros de trabajo de Silvia, ella "era encantadora y cariñosa". Todavía en shock por lo ocurrido, han destacado que era una "buena compañera" y su "sonrisa", entre otras cosas. En palabras de los menores, les maltrataba habitualmente.
Según reportaban varios medios a última hora de este viernes, el hijo de 15 años habría denunciado los malos tratos de su progenitora a un profesor del instituto Menéndez Pelayo, que en vez de avisar a los Servicios Sociales llamó a los progenitores.
En su declaración, el menor también afirmaría que el ambiente en el domicilio era insoportable, tanto el padre como la madre les maltrataban, física y psicológicamente. Al parecer, compañeros de clase habrían ratificado que acudía al centro con moretones.
Además, los menores habrían contado que sus padres no les dejaban salir de casa, solo para ir a misa y otros eventos familiares, tampoco tener amigos. Los vecinos de la zona han confirmado que se oían discusiones en el piso, en un principio motivadas por el mal comportamiento en los estudios.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en una entrevista a TVE que no tiene constancia de la existencia de denuncias interpuestas por ningún miembro de la familia o de otras circunstancias que tuvieran relación con esta "tragedia". Tampoco constan quejas ni expedientes en los Servicios Sociales municipales.
El futuro de los menores
Después de la detención de los niños, surgen dudas sobre cuál es el papel de los servicios sociales y qué ocurre con los menores cuando se ven implicados en hechos delictivos.
En este caso, uno de ellos es inimputable y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar por decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, pero ambos quedaron a cargo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).
"Cuando hablamos de menores, no son penas, se habla de medidas", subraya la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Icass, María del Carmen Arce de la Torre, que además explica que la labor del Icass, en el caso de menores con responsabilidad penal, es asumir su "reforma", mientras que en el caso de los inimputables el instituto trabaja en su "protección".
Cuando las sentencias o autos de los jueces afectan a menores con responsabilidad penal, el Instituto se encarga de ejecutar las medidas, bien sean un internamiento, la convivencia en un grupo educativo, asistencia en un centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, entre otros. En todos los casos se asume una medida que es "sancionadora educativa", lo que implica que el Icass debe trabajar con el menor con un programa individualizado aprobado por el juez, en el que se establecen unos objetivos.
Los menores de 14 años, por su parte, son inimputables con arreglo a la ley de responsabilidad penal del menor, por lo que los servicios sociales, en caso de que los niños se vean implicados en un delito, entran a trabajar con ellos a instancias del Ministerio Fiscal, pero siempre en el ámbito de su protección.
En estos casos, subraya Arce, pueden darse distintas situaciones respecto a los menores, puede ocurrir que un Juzgado civil delegue la guarda en la entidad pública; que vuelva con su familia; o que los propios servicios sociales decidan asumir esa guarda.
La fiscal de menores que se encargó de la medida cautelar ha explicado que el Ministerio Público está siguiendo un expediente de reforma frente al hermano de 15 años por la posible comisión de un delito de asesinato.
Para este tipo de delitos, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor prevé medidas de internamiento en régimen cerrado de entre uno y cinco años y, posteriormente, una de libertad de vigilada de hasta tres años.
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