Se sabía de la impunidad con que operan los traficantes en las aguas de Cádiz, de la falta de medios de los guardias civiles que los combaten, de la impotencia de jueces y fiscales. Pero el viernes vimos el asesinato en directo de dos agentes, su precaria embarcación arrollada con saña por la potente narcolancha. Y esa visión enfrenta al Gobierno con su responsabilidad de una manera urgente e inapelable. Que el ministro del Interior no pudiera imponer la condecoración póstuma a una de las víctimas tras la petición expresa de su viuda es una consecuencia lógica de la rabia por un abandono incomprensible. Tendrá que haber un antes y un después de la tragedia de Barbate.