La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha puesto fin a una lucha sin cuartel que comenzaron hace más de diez años las monitoras escolares por la estabilización de sus puestos de trabajo, un proceso que ha concluido este martes con la mejora de las condiciones de las casi 400 trabajadoras que aún tenían contratos precarios.
El conflicto ha concluido con la firma de un acuerdo entre el Gobierno andaluz y los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, Ustea y CGT) en el Palacio de San Telmo, en el que se recoge la contratación a jornada continua de 35 horas semanales de las 389 monitoras que aún quedaban por estabilizar de una plantilla de 1.643 personas, la mayoría de ellas, mujeres.
De esta forma, y a menos de un mes de que comience el proceso de escolarización en Andalucía, en marzo, todas las monitoras estarán contratadas durante todo el año, y no solo de septiembre a junio, con una jornada de 35 horas en vez de 20. Una mejora que la Consejería liderada por Patricia del Pozo ha ido ejecutando progresivamente desde su llegada a San Telmo en 2019, y que este año ha supuesto una inversión de 5,6 millones de euros recogida en el Presupuesto de 2024.
"Diálogo social"
"Damos por finalizada la precariedad de un colectivo que es clave en el funcionamiento del sistema educativo", ha afirmado el presidente andaluz, Juanma Moreno, en alusión a las "tareas administrativas" que desempeñan y que "agilizan y descongestionan" la burocracia en los centros de Infantil y Primaria.
Moreno, que ha subrayado que este era un conflicto "heredado" al que han puesto fin "cumpliendo, una vez más, los compromisos y la palabra dada" por su Ejecutivo, ha destacado que el acuerdo nace desde el "seno del diálogo social", al tiempo que ha agradecido a los sindicatos su "lealtad institucional para presionar" al Gobierno, pero "desde el rigor y el realismo" y "conscientes de que no siempre tenemos los recursos necesarios para resolver problemas".
El presidente también ha puesto en valor el presupuesto andaluz de este año para Educación, de 8.900 millones de euros, un 40% más que en 2018, así como los "esfuerzos" realizados por la Consejería para hacer efectivo el incremento salarial de una plantilla de 108.000 docentes y equiparar las retribuciones con las del resto del país, lo que ha supuesto una inversión de 180 millones de euros desde 2022.
Una monitora por centro
Por su parte, los sindicatos firmantes valoraron "positivamente" el acuerdo alcanzado gracias a la "lucha y determinación" de estas profesionales, que son "el puente entre las familias y los colegios, el primer filtro en su relación con el centro, su profesorado, su equipo directivo y sus servicios".
Tanto CCOO como UGT coincidieron además en reclamar a la Junta que "agilice" el procedimiento para que las nuevas condiciones se hagan efectivas lo antes posible. Y consideraron que la "normalización completa" de estos contratos se producirá cuando "cada centro educativo cuente con una monitora escolar como mínimo en exclusividad".
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