En 2022 se redujo la incautación de drogas en el Estrecho de Gibraltar porque disminuyó la "presión policial" y porque el Ministerio del Interior (sin informar a la Fiscalía ni a los órganos judiciales) decidió desmantelar la unidad de élite de la Guardia Civil que se dedicaba a combatir el narcotráfico en la zona, conocida como OCON-Sur. Así lo advertía la última entrega de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada en septiembre de 2023.
El documento recoge entre sus cientos de folios que pese a que Cádiz sigue siendo la provincia andaluza en la que más droga se incauta (el 50% del hachís y un 78% de la cocaína de toda Andalucía), la intervención de hachís se redujo casi a la mitad en el año 2022. "Esta disminución de droga incautada supone también una reducción de procedimientos penales en la provincia de Cádiz", relata el informe, que atribuye esta circunstancia "a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur". Sobre este desmantelamiento, menciona que "se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales".
El Gobierno, en cambio, asegura que desde 2018 no se ha desactivado "ningún organismo de coordinación". Según Moncloa, la Policía Nacional y la Guardia Civil pueden organizarse "como estimen" para lograr maximizar la eficacia en la región. Sobre la desaparición de OCON-Sur, el Gobierno sostiene que "la Guardia Civil creó un grupo específico, con efectivos de adscripción temporal, que luego disolvió para incorporar a sus integrantes a las unidades territoriales de Policía Judicial para la aplicación del plan".
Esta versión se contradice con la del fiscal general, Álvaro García Ortiz, o del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que tras la muerte de dos guardias civiles que el viernes fueron arrollados por una 'narcolancha' en Barbate (Cádiz) han puesto el foco sobre el desmantelamiento de la unidad especial del instituto armado.
El trágico evento ha arrojado luz sobre varias cuestiones relacionadas con la lucha antidrogas en la región: la falta de medios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la saturación de los órganos judiciales o la mala distribución de competencias de cara a la investigación y el procesamiento de los narcotraficantes.
La Fiscalía, atendiendo a las recomendaciones de los fiscales de la zona, recomendó en su último informe anual dos medidas para mejorar esta situación, sin que ninguna haya obtenido respuesta. Entre las prioridades están una modificación legal para que la Audiencia Nacional se encargue de investigar estos delitos y otra para que se tipifique en el Código Penal el "transporte y almacenamiento de combustibles líquidos predeterminado al narcotráfico".
Dar competencias a la Audiencia Nacional
Según apunta la Fiscalía General del Estado, gran parte de los fiscales delegados lamentan que los casos de narcotráfico, a menudo complejos, se tengan que tratar en juzgados mixtos muy limitados. La Audiencia Nacional tiene unas competencias muy reducidas en esta materia, que no debería ser atendida "por jueces sin experiencia suficiente y en juzgados colapsados por causas de todo tipo".
El Ministerio Público defiende, por tanto, que la Audiencia Nacional asuma parte de las competencias sobre el narcotráfico. Una solución que "debería complementarse con la creación de jurisdicciones regionales especializadas en delincuencia organizada en las zonas habituales de los narcos, como la Costa del Sol, Algeciras, Cataluña o Galicia". A juicio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, "el actual marco de competencias de la Audiencia Nacional ha quedado obsoleto y sobrepasado por la realidad jurídica".
Tal y como explica la memoria, la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico "ha evolucionado" y ha alcanzado una dimensión "global, digital y económica" sin precedentes. Frente a este nuevo paradigma, el Ministerio Público considera que "se requiere una respuesta penal más eficaz, rápida y especializada, siendo la Audiencia Nacional el órgano más adecuado para ello".
Por tanto, la Fiscalía defiende que "ha llegado el momento" de actualizar las competencias de la Audiencia, contempladas en el artículo 65 de la ley orgánica del Poder Judicial, para convertirla en un órgano "cada vez más especializado", no solo en terrorismo sino también en el narcotráfico.
Penar el transporte de gasolina para el narco
Otra reivindicación que ha salido a colación en los últimos días y ya aparecía en el texto publicado el último septiembre es la necesidad de tipificar las acciones de los "petaqueros". Esta palabra designa a quienes se dedican a "transportar y almacenar grandes cantidades de gasolina que posteriormente se destina al suministro de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para el transporte de hachís desde el norte de África".
La Fiscalía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado llevan alertando sobre la dificultad de perseguir penalmente a estos "petaqueros", que son una figura clave para el éxito de los traficantes en el Estrecho, "particularmente en la zona del Campo de Gibraltar", recoge la memoria. Las dificultades a la hora de penar estos comportamientos se deben a dos motivos.
Los desgrana el documento del Ministerio Público: "En primer lugar, la complejidad, en muchos casos, de acreditar en el proceso penal la vinculación de esos transportes o almacenamientos con el narcotráfico. Y, en segundo lugar, los problemas que se generan a la hora de incardinar tales conductas en algún otro tipo delictivo existente en nuestro ordenamiento jurídico-penal vigente". Es decir, que es difícil relacionar a los "petaqueros" con el narcotráfico y, aún lográndolo, el encaje de sus actuaciones en el Código Penal no es demasiado claro. Para afrontar esta situación, la Fiscalía propone una serie de modificaciones técnicas en el artículo 568 del Código Penal.
Comentarios