Los vecinos de tres bloques comprados por un fondo buitre se rebelan contra su expulsión: "Les espera una resistencia heroica"

Un centenar de personas se agolpaban, este martes, pertrechados con pancartas, en la acera de la calle Serrano, en la conocida como Milla de Oro de Madrid. Ante el asombro de los transeúntes, poco habituados a concentraciones como esta en pleno barrio de Salamanca, los manifestantes corean "fuera buitres de nuestros barrios". Muchos visten con camisetas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

La localización no es arbitraria. Sobre sus cabezas, en una oficina, se está negociando la adquisición de un bloque de viviendas donde viven muchos de ellos, en el barrio de Lavapiés. Es el tercer edificio completo adquirido en apenas unos meses, tras los de Tetuán y Ciudad Lineal, por la socimi Elix Rental Housing, propiedad de la empresa inversora AltamarCAM, dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre.

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"La situación que estamos viviendo es dura, es bastante duro enterarse de la noche a la mañana que quieren quitarte tu hogar", declara Antolín Sánchez, de 33 años, todos ellos viviendo en su actual piso de la calle Tribulete, 7, en Lavapiés, el último de los bloques en ser adquiridos por la socimi y cuyos vecinos temen que se siga el mismo procedimiento que en los otros dos: burofax notificando la no renovación de contratos. "Van a querer hacernos la vida imposible, pero vamos a quedarnos".

El plan de Elix, según advierten desde el Sindicato de Inquilinas, ya está escrito. Tal y como ha ocurrido con anterioridad, primero se vaciarán los bloques, cuyos vecinos pagan rentas muy por debajo de la media en el centro de la capital, para después acometer reformas y volver a sacar los pisos al mercado como viviendas de lujo o como alquiler turístico. Sin embargo, el plan de la gran mayoría de los vecinos, unos 200 en total, es mantenerse en sus viviendas, aún después del término de sus contratos, para exigir una negociación colectiva que les permita quedarse a un precio razonable. "Les espera una resistencia heroica en los bloques", ha advertido una portavoz del Sindicato de Inquilinos durante la lectura del manifiesto.

Fuentes de la compañía aseguraron a Europa Press que "quieren contribuir a la mejora de la situación de escasez de vivienda en la ciudad de Madrid mediante la adquisición de edificios muy deteriorados, con inversiones necesarias para actualizar las zonas comunes".

José González

Pilar Martín, de 55 años, lleva también toda su vida en el mismo bloque, en su caso, ubicado en la calle Salvia, 1, en Tetuán. Su contrato de alquiler termina el 4 de marzo y la propiedad ya le envió un burofax notificando que debía abandonar el piso. "Nos quedamos en la calle, no tenemos donde ir, los alquileres están desorbitados, no reunimos los requisitos para alquilar un nuevo piso", explica esta mujer, que vive en el piso de debajo del de su madre, también amenazada de desahucio. "Las inmobiliarias se ríen de nosotras cuando vamos con nuestras nóminas, a mi madre le quitan el último recuerdo de mi padre que es su casa".

A pocos metros, Nacho Martín, vecino de la calle San Ildefonso, 20, también en Lavapiés, un bloque que fue adquirido en diciembre por un fondo buitre, que ya ha remitido los burofax para exigir el abandono de las viviendas. "Varios de los burofax son ilegales porque son gente que tiene contrato vigente hasta 2025 o 2027 y les echan este mismo año. Nos quieren echar cuanto antes para hacer su negocio lo antes posible", declara Martín, que paga unos 700 euros por el alquiler. "Nuestra intención es luchar el bloque, cuando terminen nuestros contratos de arrendamiento nos vamos a quedar y vamos a intentar negociar con ellos otros nuevos contratos de nuestra vivienda".

Salto a la arena institucional

El conflicto de estos 200 vecinos ha saltado a la arena de la política institucional en los últimos días, lo que ha generado ciertas fricciones con el Sindicato de Inquilinas. Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, reclamó que el consistorio comprase el bloque de Tribulete, 7 para evitar la expulsión de los vecinos, a lo que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, contestó pidiendo no caer en "populismo" y no "jugar con las esperanzas de la gente".

José González

Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, visitó el bloque el domingo y ha estado también este martes en la concentración, donde ha reclamado que se aplique la Ley de Vivienda, elaborada por el Gobierno central, en la capital. "No vamos a consentir prácticas especulativas que están expulsando a nuestros vecinos de sus barrios y vamos a poner rostro a los que están detrás de estas empresas", ha declarado Maroto, rodeada por un corrillo de periodistas.

La presencia de la socialista no ha terminado de gustar a los organizadores que la han interpelado reclamando que se derogue la ley que permite no tributar a las socimis y señalando que la Ley de Vivienda, que consideran insuficiente, no evitaría este tipo de operaciones aunque se aplicase en Madrid. Finalmente, la socialista ha optado por marcharse. "La propuesta de Más Madrid de que se compre el único bloque que ha salido en los medios de comunicación a nosotros nos parece cuanto menos oportunista", declara Alberto Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que también ha acusado a Maroto de "intentar apropiarse de esta concentración".