El reparto de las subvenciones públicas para el funcionamiento de los partidos no va a suponer que se abra un nuevo frente entre Sumar y Podemos, al menos a priori. La coalición que lidera Yolanda Díaz ha decidido no litigar para tratar de impedir que los morados se queden con una parte de la financiación pública que corresponde a Sumar por los resultados de las pasadas elecciones generales, a las que Podemos se presentó en coalición con Díaz. Y, por tanto, los morados podrán acceder al 23% de los poco más de seis millones de euros que el Ministerio del Interior entregará este año a Sumar, lo que supone una inyección de casi 1,4 millones de euros.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el reparto de subvenciones para su funcionamiento ordinario a los partidos con representación en el Congreso, la más cuantiosa de las vías de financiación pública a las formaciones políticas. A Sumar, por el porcentaje de votos y el número de escaños que obtuvo en los pasados comicios generales (un 12,8% de las papeletas y 31 diputados) le corresponden un total de 6,03 millones de euros en 2024, casi la misma cantidad que a Vox. La cuantía, no obstante, está muy lejos de las que cobran PP y PSOE como los partidos más votados: 18,88 y 17,58 millones, respectivamente.
El problema es que, desde el 23 de julio, han cambiado muchas cosas en el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE. En diciembre, Podemos decidió unilateralmente abandonar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso e integrarse en el grupo mixto, lo que, en la práctica, supuso dinamitar los pocos puentes que quedaban en pie con la coalición de Díaz. Y ese movimiento generó dudas sobre lo que ocurriría con las subvenciones que entrega Interior a los partidos para su funcionamiento y para costearse su seguridad, si bien los morados siempre aseguraron que, según su interpretación jurídica, tenían blindado cobrar ese dinero.
Con unas relaciones tan extremadamente tensas como las que mantienen Sumar y Podemos, este asunto ya generó un conato de choque en diciembre, cuando los morados denunciaron que Díaz trataba de dejarles sin la subvención de Interior tras una tirante reunión en la que todo el resto de los partidos de Sumar denunciaron por escrito que Podemos había roto el pacto de coalición al haberse marchado del grupo parlamentario. No obstante, fuentes próximas a Díaz confirman que Sumar no tiene intención de tratar de bloquear la entrega de los fondos públicos a los morados, lo cual permitirá evitar una nueva discusión pública entre ambos.
Estas fuentes sostienen que al menos una parte de la dirección de Sumar cree que podría prosperar una reclamación ante los tribunales alegando que, como Podemos ha roto el pacto de coalición, tampoco le corresponde el 23% de la subvención de la alianza que firmó en su momento. No obstante, Díaz y su equipo han decidido no dar esa batalla judicial para, aseguran estas fuentes, tratar de pasar página y no empantanarse en otra disputa con los morados en los medios de comunicación y, en este caso, ante la justicia.
Por tanto, este 2024 a Podemos le corresponderá el 23% del total de la subvención de funcionamiento de la coalición Sumar, lo cual equivale a 1,39 millones de euros. La alianza de Díaz, por ende, se quedará con 4,91 millones este año, que tendrá que repartir según se pactó el pasado julio: 1,15 millones (el 19%) serán para IU, 723.000 euros irán a parar a las cuentas de Catalunya en Comú y otro medio millón de euros los ingresará Más Madrid. Los partidos tienen, además, otras dos subvenciones: una por sus gastos electorales y otra que otorga el Congreso para el funcionamiento de los grupos parlamentarios.
La renuncia de Sumar a litigar en los tribunales con Podemos por la subvención del Ministerio del Interior evita que se abra un nuevo frente en una relación extremadamente tocada y que ha vivido una nueva sacudida hace apenas unos días, cuando los morados denunciaron públicamente y ante la Policía que sus despachos en el Congreso habían sido forzados y señalaron a Sumar. La coalición que lidera Yolanda Díaz se ha limitado a denunciar que los morados tenían orden de abandonar esos despachos e instalarse en otros, una interpretación que no comparte Podemos aunque sí es respaldada por la Mesa de la Cámara Baja.
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