Con las protestas de los agricultores no ha faltado quienes ironicen con planteamientos como si los daños provocados por los manifestantes podrían ser objeto de una investigación judicial por terrorismo. ¿Verá terrorismo el juez?, ironizan algunos para poner en entredicho la labor de García Castellón, que ha pedido investigar a Carles Puigdemont por este delito en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami democrátic o a los fiscales del Supremo que también aprecian indicios de ello.
A priori, por si alguien albergaba alguna duda, lo de los agricultores no es terrorismo por muy violentos que hayan sido algunos. Al margen de que infractores existen en todos los sectores de la sociedad, y que todos los que delinquen, incluido Puigdemont, han de ser juzgados, lo que están haciendo los agricultores es reivindicar sus intereses legítimos.
En ningún caso están tratando de desestabilizar el país pidiendo la independencia de una autonomía, algo que no ampara la Constitución por muchas vueltas que se le dé.
Están protestando por el agravio que están sufriendo con respecto a otros países como consecuencia de la importación de productos provenientes de otros lugares con una legislación más permisiva y que, a su juicio, consideran que les perjudica.
Están reivindicando que las ayudas estatales que se aprobaron el año pasado por la sequía, y que aún no han cobrado, se les abone antes para poder afrontar las inversiones que requiere su trabajo; también persiguen menos burocracia y, a poder ser, más manejable.
Están produciendo por debajo de costes y se han cansado de una situación que llevan padeciendo durante años. Esto no es terrorismo, señor@s.
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