La Fiscalía rechaza investigar a Puigdemont por terrorismo y pide devolver la causa de Tsunami a la Audiencia Nacional

La teniente fiscal del Tribunal Supremo ha remitido un informe a la Sala Segunda (de lo Penal) en el que señala falta de indicios suficientes para investigar a Carles Puigdemont por presunto delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, por lo que considera que la causa debe volver a la Audiencia Nacional. En su opinión, solo hay "meras conjeturas o sospechas" y ninguno de los hechos apuntan "de manera razonable" al expresidente catalán; más bien al contrario.

El pasado mes de noviembre, el juez Manuel García Castellón pidió al Supremo que asumiera la investigación contra el expresident, por estar aforado. Tras el informe del Ministerio Público, ahora será la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena la que deberá tomar la decisión definitiva.

La mayoría de los fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo votó a principios de febrero a favor de la solicitud de García Castellón, pero ante la discrepancia de los dos fiscales jefes, se elevó la decisión a la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, número dos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con su informe, Sánchez Conde se ha alineado con el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, quien ha estado a cargo de la causa desde el principio y considera que los hechos investigados no se enmarcan en un posible delito de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves.

En el informe de la teniente fiscal, de 31 páginas, se concluye que los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic "sucedieron sin que pueda cuestionarse que se produjeron gravísimos incidentes con enfrentamientos con la policía de importante gravedad, produciéndose lesiones y graves daños". Por eso, "la naturaleza delictiva de las acciones ejecutadas bajo el paraguas o cobertura de Tsunami Democràtic no puede ser puesta en duda".

Sin embargo, considera que la exposición razonada que envió García Castellón al Supremo "no ha venido precedida de una investigación suficiente para tener por acreditado que Tsunami Democrátic", como dice el juez, "fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional,  desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

De hecho, la número dos de la Fiscalía reprocha que el juez "no especifica nada" acerca de Tsunami, pues se desconoce "todo de la misma, su estructura, sus integrantes, la jerarquía o línea de mando existente y el reparto de funciones". "Todo ello imposibilita o cuanto menos dificulta individualizar los hechos atribuidos a cada uno de los investigados ya sean aforados o no, en cuanto a su encuadre en la susodicha organización", explica.

Según Sánchez Conde, García Castellón veía necesario en noviembre la realización de múltiples diligencias de investigación "para poder determinar la naturaleza de los hechos y la intervención de los que se citan como investigados", pero "ninguna de esas diligencias se ha practicado". De este modo, la fiscal cree que sería "aconsejable analizar los indicios que se afirman existentes respecto de la intervención de cada uno de los aforados en los hechos para decidir si, al menos respecto de ellos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe asumir la competencia".

Ya más concretamente, la teniente fiscal dedica un epígrafe a cada uno de los señalados por García Castellón para que sean imputados por el Supremo, esto es, Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg. Sobre el primero, fugado de la Justicia en Bélgica desde 2017, el informe destaca que "el examen pormenorizado de los indicios afirmados por el magistrado instructor revela que en realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont, ni tan siquiera con la provisionalidad propia del presente momento procesal".

A su juicio, ninguno de los hechos que se señalan como indicios por el juez apuntan de manera razonable a la participación del expresidente catalán, "pareciendo, más bien al contrario, que descartan dicha intervención".

Para empezar, el informe afea que el juez de la Audiencia Nacional le sitúa en el vértice de la organización de Tsunami, pero por su "condición de expresidente del Govern de Cataluña y líder del independentismo". Es más, considera que el hecho de que colaboradores de Puigdemont comentaran en una conversación -intervenida en el marco de la investigación- que debían informar al expresidente de los perfiles de la campaña de Tsunami "puede ser interpretado, con naturalidad, como relevante indicador" de que Puigdemont era ajeno a la organización y la constitución de la misma, ya que "de haber participado en su constitución, no habría necesidad de hacerle llegar información al respecto".

Como este, la teniente fiscal enumera los ejemplos que, para el juez, serían indicios de que el expresidente estaba al frente de la constitución de Tsunami. En su opinión, si Puigdemont formara parte de la organización, "ninguna información habría que transmitirle". Y además, se desconoce "si dicha información le fue proporcionada".

La circunstancia de que Puigdemont estuviera presente en las reuniones celebradas en Ginebra el 30 y 31 de agosto de 2019 arroja, para la teniente fiscal, "poca luz sobre su integración en Tsunami Democràtic, dado que en dichas reuniones participaron multitud de personas pertenecientes a partidos o movimientos sociales independentistas" y el magistrado no infiere por ello "la implicación de todas ellas, a pesar de que muchas están identificadas y de que la exposición razonada señale la conveniencia de recibir declaración a alguna de ellas como testigo".

Tampoco considera que el hecho de que Puigdemont promocionara públicamente en la red social X el lanzamiento de la campaña de Tsunami Democrátic pueda ser un indicio de integración en la estructura organizativa, pues también lo hicieron "destacadas figuras del espectro político independentista" como Oriol Junqueras o Quim Torra.

Y además, Sánchez Conde apunta que "es notorio que Tsunami Democràtic fue apoyado públicamente por multitud de personas" que "posiblemente" desconocían "los fenómenos que ocurrirían posteriormente por la actuación de individuos descontrolados".

En cuanto a Wagensberg, el informe de la fiscal sostiene que tampoco hay motivos para que el Supremo lo investigue, señalando que la exposición razonada que García Castellón remitió al alto tribunal para que imputara al parlamentario de ERC y al líder de Junts no está "sólidamente fundada".

Sánchez Conde asegura que si se leen con atención los mensajes que se le atribuyen a Wagensberg o las conversaciones que se dice que mantuvo con otros implicados, lo que se pone de relieve es que "era consultado sobre posibilidades técnicas -comunicados en redes sociales y creación de una APP- para contribuir al lanzamiento del movimiento, sin que el extremo de que fuera consultado permita situarlo en la dirección de Tsunami".

Ahora que la teniente fiscal del Supremo ha emitido el informe definitivo del Ministerio Público, el texto se elevará a la Sala de lo Penal del Supremo, donde el magistrado Juan Ramón Berdugo será el encargado de estudiar el asunto para después argumentar ante los demás magistrados si procede o no dar curso a la exposición razonada en la que el pasado noviembre el juez García Castellón pidió al alto tribunal que imputara a Puigdemont por terrorismo.