La ley de paridad sigue su curso en el Congreso de los Diputados, después de que Vox se haya quedado solo en su intento por bloquear su tramitación. Todos los grupos parlamentarios han rechazado este jueves la enmienda a la totalidad presentada por los de Santiago Abascal a la norma que salió del Consejo de Ministros el pasado diciembre y la cual obliga a que ningún sexo tenga un peso inferior al 40% en los consejos de administración de las grandes empresas, en el seno del Gobierno, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales.
La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, fue aprobada por primera vez la primavera pasada, pero decayó por el adelanto electoral del 23 de julio. Vox presentó una enmienda a la totalidad para devolver la iniciativa al Ejecutivo, en la que negaba que la ley mejorase la "igualdad real entre los españoles" y alegaba que su texto "responde a cuestiones meramente ideológicas". "No es más que ahondar en su tendencia de aprovecharse torcidamente de las instituciones y de las leyes para avanzar en su propósito nivelador", sostiene el grupo en el documento, que ha recibido 310 votos en contra y 32 a favor.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido en el Pleno que la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres rompe los techos de cristal, "que todavía persisten", y avanza en la "igualdad efectiva" entre hombres y mujeres. "La paridad no es una concesión graciosa, porque las mujeres ya están en plena igualdad de condiciones, en plena igualdad de méritos y capacidad para acceder a los puestos de poder y toma de decisiones. Se trata, por tanto, de hacer justicia, no concesiones", ha aseverado este jueves, que se conmemora también el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Para Redondo, "no hay democracia avanzada ni economía sólida que pueda prescindir de la mitad del talento que asesora".
Por su parte, la diputada de Vox Rocío De Meer ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo a una ley que, ha reprochado, está pensada "para las élites, las ministras, las mujeres de los rascacielos". De Meer ha acusado al Gobierno de no preocupase por las "mujeres reales" como las autónomas o las que tienen contratos "basura" o las que "han decidido cuidar". "Como si poner un colacao a tu hijo fuera peor que ponerle un café a tu jefe, por muy alta que sea la planta en la que se lo pongas", ha criticado.
Representación paritaria
La norma obliga a las empresas a tener consejos y direcciones paritarias, es decir, con un mínimo del 40% de mujeres, algo que también aplica a las candidaturas electorales y a los miembros del Gobierno, así como a los colegios profesionales y a los jurados de premios o reconocimientos de carácter público. La obligación afecta a sociedades cotizadas y entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocio de más de 50 millones de euros o activos por 43 millones.
Las fechas para la entrada en vigor de la norma, según el tamaño de la empresa y si son cotizadas o no, tendrán que modificarse respecto al texto original, teniendo en cuenta que la tramitación se retrasará varios meses y que el inicio previsto para las 35 empresas de mayor capitalización bursátil era el 30 de junio de 2024.
El principio de representación equilibrada afectará asimismo a órganos constitucionales y de relevancia, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Precisamente el órgano de gobierno de los jueces avaló en general la norma en su informe consultivo, pero lanzó una advertencia clara, y es que, en su opinión, es "imposible" aplicar el porcentaje del 40% de mujeres en el Tribunal Constitucional o el Consejo Fiscal por el mecanismo mediante el cual se elige a sus miembros, por lo que sugería subir el porcentaje al 50% en estos organismos.
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