Dentro de apenas tres meses, miles de estudiantes volverán a pasar en Andalucía por uno de los exámenes más importantes de su vida, que determinará en buena parte su futuro académico y, posiblemente, laboral. Será a principios de junio, los días 4, 5 y 6, cuando se celebre la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU), adelantada este año para coincidir con el resto de comunidades. Quienes superen la prueba, pasarán a formar parte de un sistema universitario público andaluz inmerso en una ambiciosa estrategia de transformación, que contempla, entre otras medidas, un nuevo modelo de financiación de los centros, un renovado mapa de titulaciones e inversiones millonarias en infraestructuras, todo ello bajo el paraguas de una nueva ley andaluza universitaria.
La estrategia, con un horizonte temporal situado en 2027, parte de un estudio de opinión en el que se ha testado la percepción que la propia comunidad universitaria tiene del sistema y su funcionamiento. Y se está elaborando desde el "máximo consenso" con los rectores y el resto de los actores implicados. "En estos cinco años, se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo a la educación superior en Andalucía", ha afirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que garantiza un "compromiso de colaboración, escucha activa y diálogo sincero y permanente" con estas instituciones académicas.
Nueva ley
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, liderada por José Carlos Gómez Villamandos, ha comenzado ya la tramitación del anteproyecto de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), una norma que aspira a ser "de máximos", a "perdurar en el tiempo" y a "paliar el intervencionismo" de la ley estatal, la LOSU. Entre los principales objetivos de esta norma, figura potenciar la internacionalización del sistema universitario, estabilizar la carrera académica, favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, aumentar los derechos de los estudiantes e impulsar la transparencia.
Algunas de las medidas concretas en las que ya trabaja la Junta es requerir a los profesores titulares el nivel B2 de idiomas, con un periodo de carencia que será consensuado con los sindicatos y las universidades; impulsar el papel de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA); limitar la figura del profesor sustituto; permitir que los docentes puedan adscribirse temporal y parcialmente a otras administraciones públicas; y flexibilizar la compatibilidad del Personal Docente e Investigador (PDI). La ley también recogerá los derechos de los estudiantes en materia de bonificaciones y potenciará la atención a la diversidad. Y se creará un cuerpo de inspectores de educación superior.
Titulaciones
El departamento dirigido por Gómez Villamandos prevé aprobar el próximo mes de mayo el nuevo y esperado mapa de titulaciones universitarias, tras "más de una década de paralización" para las instituciones académicas, que han tenido que competir con el resto de centros del país "en desigualdad de oportunidades". La formulación inicial de esta nueva programación, configurada a partir de las propuestas de las propias universidades, se centrará en cuatro grandes áreas de conocimiento, consideradas estratégicas para el desarrollo social y económico de Andalucía: nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ciencias de la salud, energía y medio ambiente.
Por el momento, la Junta ya ha emitido un informe favorable para 103 nuevas titulaciones (19 grados, 67 másteres y 17 programas de doctorado), además de otras 19 condicionadas a la aportación de más documentación. Una vez que la nueva oferta sea ratificada por el Consejo de Gobierno en mayo, la Consejería de Universidad autorizará los procesos de verificación de todos los títulos, con previsión de que estos se puedan empezar a impartir desde el curso 2025-2026, con una vigencia de cuatro años, con posibilidad de revisión cada dos.
Financiación
Las diez universidades públicas de Andalucía cuentan ya con un nuevo modelo de financiación aprobado por la Junta, que se aplicará en el periodo 2023-2027, y que guiará la asignación anual de recursos a los centros. Este modelo se ordena en torno a cuatro ejes: la financiación básica armonizada, la financiación por resultados, la financiación de nivelación y los proyectos estratégicos del sistema universitario andaluz. En 2023, el Ejecutivo andaluz destinó a las universidades públicas una partida "histórica" de 1.620 millones de euros solo para financiación básica, lo que supone un incremento de más del 18% desde 2018.
Infraestructuras
A la espera de su aprobación en el Consejo de Gobierno, la Junta ya está trabajando con los rectores en el nuevo Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para el periodo 2024-2027, que cuenta con un aporte inicial de 80 millones de euros para la mejora de los campus. Para poder acogerse a este plan, habrá que cumplir algunos criterios, como que las actuaciones estén en ejecución y hayan sido autorizadas en el plan 2020-2023; y que existan ya proyectos definidos y con la tramitación administrativa en un estado avanzado que haga posible su ejecución entre 2024 y 2025. También se dará prioridad a las remodelaciones de infraestructuras ya existentes; a las actuaciones que se tengan que llevar a cabo de forma urgente para la implantación de títulos; y a las que tengan como objetivo reducir el consumo energético. En otro apartado, se utilizará financiación europea para proyectos de transformación digital y energética en dependencias universitarias.
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