Sumar ha sugerido al Gobierno la posibilidad de aplicar sanciones a los administradores de fincas que suban más de un 3% los alquileres de contratos de renta antigua. Esta cifra se correspondería con el tope de incremento para 2023 marcado por La Ley de Vivienda para toda España. A través de una batería de preguntas parlamentarias, el grupo plurinacional ha preguntado al Ejecutivo si piensa "aplicar sanciones a los administradores de fincas" por este motivo y si hay medidas para que, en caso de abuso, los arrendatarios recuperen el dinero de más que han abonado a los administradores.
En su iniciativa parlamentaria, la formación liderada por Yolanda Díaz ha explicado que en ciudades como Barcelona o Lleida son varios los inquilinos sujetos a contratos indefinidos de renta antigua y han visto como desde 2022 sus caseros les están subiendo el precio del alquiler por encima del tope estipulado en la citada Ley aprobada en la pasada legislatura.
Esta situación es algo que ya denunció la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, el martes en rueda de prensa en el Congreso, donde advirtió que en algunos casos se estaban produciendo subidas por encima del 20%, por lo que urgió al Ministerio de Vivienda a "tomar cartas sobre el asunto".
Por eso ahora la formación pregunta en el Congreso al Ejecutivo si tiene constancia de que se está produciendo una "práctica abusiva" por parte de algunos arrendadores y administradores de fincas hacia un sector en "situación de vulnerabilidad", pues Sumar señala que estos contratos son ostentados en su mayoría por personas mayores.
En este sentido, el grupo ha cuestionado si el Gobierno "va a tomar las medidas necesarias para que se aplique el tope del alquiler" previsto en la ley. También, ha inquirido sobre si va a comunicar a los diferentes administradores que las subidas que no cumplan las condiciones y umbrales previstos en la ley "están fuera de la legalidad vigente".
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