Carles Puigdemont prefiere tirar de ironía cada vez que puede, y lo ha hecho de nuevo este jueves después de que el Tribunal Supremo haya abierto una causa penal contra él por terrorismo en el caso relativo a Tsunami Democrátic. "El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 € , me imputan por terrorista. Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación", escribió en redes sociales.
El expresidente catalán se ha referido al mismo tiempo a las noticias que se han conocido de que habría recibido un Rólex valorado en 7.000 euros por parte de la empresa que organizaba los actos de Tsunami. "Este panfleto ya ha sido condenado dos veces por mentir en supuestas "informaciones" que me acusaban falsamente de percibir dinero destinado a la Covid o desviado de una ONG que recibía subvenciones públicas. Ahora serán condenados una tercera vez", expuso, en referencia a El Confidencial, que adelantó la noticia.
Las reacciones fueron rápidas desde Bruselas tras la apertura de la causa penal por terrorismo. Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del PPE vio con buenos ojos el paso dado por el Supremo. "Vamos a comunicar esta última hora a la Comisión Europea", comentó, y tuvo un mensaje para el Gobierno: "La amnistía no tiene recorrido europeo y denunciaremos cada paso de Sánchez contra el Estado de derecho y los valores de la UE. A Sánchez se le complica la legislatura teledirigida desde Waterloo por el prófugo".
El líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Adrián Vázquez, mantuvo la misma línea. "El Gobierno debe respetarla, permitir a los jueces hacer su trabajo y dejar de atacar los pilares de la democracia para proteger a un investigado por terrorismo", sostuvo, y aseguró que informará de los hechos al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que es quien mantiene el diálogo abierto con Moncloa sobre la ley de amnistía.
Los jueces concluyen que respecto a estos dos aforados es "necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, "con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico". Esta diligencia de investigación no puede realizar el instructor, sino solo esta Sala Segunda "por tratarse de aforados". El Supremo esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados.
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