Abril será un mes clave en el avance de derechos de las mujeres europeas. El Parlamento Europeo (PE) debatirá y votará dos normas pioneras en la lucha por la igualdad que arrastran a sus espaldas meses de trabajo y diálogo entre las fuerzas representadas en la Eurocámara: la directiva sobre violencia de género, en la que finalmente no se ha conseguido tipificar como delito la violación sin consentimiento; y la directiva sobre trata de seres humanos, que recoge novedades, como la gestación subrogada, el matrimonio forzado o el ciberacoso reconocidos como eurodelitos penalizados con hasta diez años de cárcel.

Directivas que, de salir adelante, se unirán a las otras dos aprobadas entre 2022 y 2023: la de igualdad en los consejos de administración y la de transparencia salarial, impulsadas con el objetivo de reducir la brecha salarial y acabar con los techos de cristal en los Estados miembros.  La más complicada, sin embargo, ha sido la directiva de la Unión Europea (UE) sobre violencia de género, cuyo texto finalmente se consiguió consensuar el pasado 6 de febrero, tras meses de debate. Se trata de la primera norma europea que regula, uniformiza y penaliza distintas formas de violencia de género, y garantiza un mejor acceso a la justicia, la protección y la prevención de las víctimas. 

La iniciativa, sin embargo, no contemplará como delito a las relaciones sexuales no consentidas —es decir, la violación—, pues las diferencias entre los países miembros en el Consejo de la UE y, en especial, de Francia y Alemania, han obligado a renunciar a este punto para que el texto salga adelante. Para Soraya Rodríguez, eurodiputada de Renew, esto deja un "sabor agridulce", pese a estar satisfecha con que, por primera vez, Europa tenga una legislación concreta para luchar contra la violencia machista. "Hubiera sido un fracaso estrepitoso no aprobarla", ha aseverado este lunes en un encuentro con los medios. 

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La norma, que previsiblemente será sometida a votación en el pleno del Parlamento del 22 al 25 de abril, incluye la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, y normas específicas para los delitos online, incluida la divulgación de material íntimo y el ciberflashing. Introduce también una lista más larga de agravantes de los delitos y mejora todo el ámbito de prevención y atención a las víctimas. Las eurodiputadas de la Comisión de Igualdad del PE celebran esta nueva legislación pues, en palabras de Soraya Rodríguez (PPE), lanza el mensaje de que se trata de un asunto "prioritario" en el entorno de la UE. Y esperan que, cuando se revise la norma dentro de cinco años, puedan reactivar el debate en torno al consentimiento para introducir en la directiva un 'solo sí es sí' europeo. "Vamos a intentar meterlo", ha subrayado Rodríguez.

Directiva contra la trata

También en abril —entre el 10 y el 11 de ese mes— se votará la directiva sobre trata de seres humanos, después de que este enero los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo alcanzaran un acuerdo provisional para incluir el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada como tipos de explotación penalizados con cárcel de hasta cinco años o de diez si el delito es agravado. Para reducir la demanda de la explotación sexual, la legislación tipifica también a los usuarios que usen servicios prestados por una víctima sabiendo que esta está siendo explotada.  "Es un paso adelante muy importante", ha destacado Rodríguez Palop. 

Sobre los vientres de alquiler, no se considera una forma de trata per se, sino que se penalizará únicamente cuando se utilice con fines de explotación reproductiva, tal y como ha explicado la vicepresidenta de la comisión de igualdad y eurodiputada de La Izquierda, María Eugenia Rodríguez Palop.

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Retos pendientes

Quedará pendiente, ya para después de las elecciones, una revisión de la directiva sobre los derechos de las víctimas que evite la victimización secundaria durante el proceso penal y garantice que tengan un acceso a la indemnización.

También ha quedado en el tintero el objetivo de tipificar la violencia de género como eurodelito, algo que el PE ya ha exigido a través de una resolución en la que piden que sea tratado como "Un delito particularmente grave y con dimensión transfronteriza". Las eurodiputadas defienden que, incluir la violencia de género como un delito concreto "serviría como base jurídica para una directiva europea centrada en las víctimas a partir de lo que establece el Convenio de Estambul, que todavía no ha sido ratificado por seis países de la UE (Bulgaria, Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia).

Además, para Palop, "lo más revolucionario y transformador" es la Estrategia Europea de Cuidados que, según ha afirmado, "refleja lo que el feminismo exigió en 2018", con la huelga de cuidados que "acabó con el estigma negativo que tenía la dependencia. Según ha explicado, la iniciativa representa un cambio en el modelo de los cuidados, disolviendo la diferencia entre los formales y los informales, introduciendo la vulnerabilidad como elemento clave y poniendo el acento en la feminización de los cuidados y de la pobreza. 

Las estrategias europeas no tienen fuerza legal, pero sí están reflejadas en los presupuestos por lo que, de alguna forma, fuerzan a los Estados miembros a cumplir unos mínimos. En este caso, y puesto que esta estrategia concreta se adoptó en septiembre de 2022, la pelota está ahora en el tejado de los países europeos que desde hace unos meses ya tienen que ir rindiendo cuentas sobre las medidas que hayan impulsado en su territorio para aplicar las recomendaciones de la iniciativa.