El Tribunal Supremo preguntará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cómo debe aplicar la sentencia de la corte europea que planteaba convertir en fijos a cientos de miles de trabajadores interinos en abuso de temporalidad en las administraciones públicas. El alto tribunal ha comunicado este jueves que elevará una cuestión prejudicial para despejar "importantes dudas" que ha suscitado la decisión adoptada el pasado 22 de febrero.
En especial, el Supremo quiere aclarar cómo encaja la nueva doctrina del TJUE con las normas relativas al acceso al empleo público y con las reglas de la legislación española que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. "Con el deseo de llevar a cabo su correcta interpretación, y ante la existencia de importantes dudas acerca de su alcance en determinados aspectos, la Sala ha acordado iniciar las actuaciones a fin de formular una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", señala el Alto Tribunal en una nota de prensa.
La decisión del Supremo de preguntar de nuevo al TJUE era previsible y dilatará todavía más el proceso por el que cientos de miles de trabajadores interinos de las administraciones públicas en situación de fraude aspiran a obtener un puesto fijo en la administración. De hecho, la consulta del Alto Tribunal llega en un momento en el que ya hay juzgados de lo social que han fallado conceder la fijeza a empleados interinos de las administraciones públicas a raíz de la sentencia del TJUE.
Los tiempos que tarda el TJUE en pronunciarse son largos y, además, la corte europea está estudiando en estos momentos otro caso similar, cuya resolución se conocerá en los próximos meses. Así lo trasladó a este periódico Javier Araúz, el abogado que ha llevado la causa que acabó en el pronunciamiento del TJUE el pasado febrero.
La sentencia de la corte europea conocida hace dos semanas supuso un importante varapalo para la administración española. El TJUE señaló que España no castiga con la dureza suficiente los abusos de temporalidad en el sector público. El tribunal sostiene que transformar a estos trabajadores en "indefinidos no fijos" no es suficiente y que las indemnizaciones que se entregan a estos empleados cuando finalizan su contrato y no logran obtener plaza tampoco bastan para resarcir el daño.
Además, sugirió que una solución que sí sería resarcitoria sería otorgar la fijeza a estos trabajadores que han estado trabajando interinamente de forma fraudulenta. Este pronunciamiento abrió la puerta a que las personas en esta situación reclamen su plaza, algo que deben hacer ante los tribunales. Sin embargo, conceder automáticamente la fijeza a todos los interinos en fraude podría contravenir el artículo 103.3 de la Constitución, que establece que el acceso a la función pública debe producirse "de acuerdo con los principios de mérito y capacidad".
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