El Parlamento valenciano investigará la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia por parte del Consell del Botànic tras la unanimidad mostrada este martes por los cuatro grupos políticos: PP, PSPV, Compromís y Vox. Además, el Ejecutivo autonómico, que quiere "llegar hasta el final", trasladará al PP la documentación de estos contratos y de los relacionados con una constructora vinculada al caso Koldo. Por su parte, el PSPV insta a los populares a apoyar la comisión en el Congreso de los Diputados para extender la investigación al conjunto de las administraciones públicas de España.
La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha garantizado tras el pleno celebrado este martes que la Generalitat atenderá la petición realizada por el grupo popular en Les Corts de tener acceso a todos los contratos que firmó el anterior gobierno del Botànic durante la pandemia para comprar material sanitario "con empresas fantasma", así como a los suscritos con una constructora presuntamente relacionada con el caso Koldo. "Llegaremos hasta el final para ver hasta dónde llega y tomar las medidas oportunas", ha afirmado.
Respecto a si contemplan no volver a contratar con Levantina, Ingeniería y Construcción (una de las constructoras presuntamente relacionadas con el caso Koldo), la también consellera de Hacienda ha dicho que se estudiará "si hay algún tipo de sospecha o si está incurrida en algún tipo de trama con el caso Koldo o el caso PSOE". Ahora bien, aunque ha confirmado que durante el año pasado "se ha finalizado alguna contratación" con esta empresa, ha añadido que desconoce si se le concedieron nuevas adjudicaciones tras el cambio de gobierno posterior a las elecciones del 28-M.
El portavoz del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, insistió en la posible existencia de "empresas fantasma" que asegura que se beneficiaron de lo que calificó de "pelotazos sanitarios" del Gobierno de Puig. "Además, queremos saber si es cierto, y por eso hemos presentado una reclamación ante Antifraude y la investigación de los contratos sanitarios de la etapa de Puig, que se especializaron en permitir los pelotazos sanitarios y las empresas durmientes que comenzaron su actividad para ganar dinero y volver a cerrar la actividad. Queremos saber si aquellas empresas que se lucraron lo hicieron correctamente o no", manifestó.
Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz, pidió "coherencia al Partido Popular" y apuntó: "Nosotros estamos dispuestos a investigar todo lo que haga falta, pero parece que el PP no piensa igual". "Queremos que se investigue la gestión de la pandemia en todas las comunidades autónomas, el PP tiene que votar a favor de la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados", añadió. Asimismo, Muñoz subrayó que el PP quiere "manchar el trabajo del Botànic y lo que hace en realidad es poner palos en las ruedas al futuro de la Comunitat Valenciana". Por ello, la instó a que "si algo está mal o es irregular que vayan a los tribunales como hicimos nosotros con Zaplana o con Olivas".
Por otro lado, Muñoz rechazó el uso del término "sociedad fantasma" que planteó Barrachina y aseguró que es "faltar a la verdad" y "desconocer lo básico en el tráfico mercantil". De este modo, dijo que existen sociedades urgentes, algo "absolutamente normal y regulado".
Desde Compromís, Joan Baldoví señaló que "si hay alguna irregularidad, que se audite y que se llegue hasta el final". "Cuanto más claros, más amigos", agregó. Por parte de Vox, José María Llanos apuntó a una posible relación del PSPV con "actividades irregulares" en la Comunitat. "Relacionar un contrato fantasma de 11 millones de euros a una empresa fantasma, a la que solamente se le conoce como actividad este suministro, es sospechoso y merece ser investigado", finalizó.
Obras aprobadas sin la Intervención
El director general de Infraestructuras Educativas, Rafael Valcárcel, acusó a la consellera de Educación en el Gobierno del Botànic, Raquel Tamarit, de "mentir" al afirmar que las obras de Edificant que firmó estando en funciones "tenían la conformidad de la Intervención General".
Valcárcel señaló que Tamarit (Compromís) firmó una ampliación de delegación de competencias en 12 municipios el 12 de julio, una semana antes de que tomara posesión el nuevo conseller, José Antonio Rovira, y aseguró que "faltó a la verdad" en la firma de los documentos al señalar, en el punto 6, que la resolución "ha estado previamente fiscalizada de conformidad por la Intervención General (sic)", puesto que ese informe "no existe hasta el 29 de septiembre".
Así lo indicó después de que Compromís señalara que la actual Conselleria fiscalizó las aportaciones económicas de Edificant "que ahora quiere echar atrás", entre ellas, las de Betxí, Borriol y Benicarló (Castellón). Valcárcel explicó que durante el tiempo que el Botànic estuvo en funciones la Intervención no fiscalizó contratos, "y fue en septiembre cuando comenzó a fiscalizar todos los expedientes que quedaban pendientes, entre ellos los de Edificant".
"Y es en ese momento, cuando la Intervención fiscaliza, cuando el equipo actual de la Conselleria se entera de que Tamarit deja comprometidos 65,5 millones de euros, ya que no lo comunicaron en ningún momento, demostrando una vez más cómo actuaron en el traspaso de poderes", sostuvo el director general.
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