La proporción de ingresos destinada por los hogares al pago de la vivienda ha crecido notablemente en los últimos años hasta rozar ya el 40%, según datos del Banco de España. Pese al incremento del esfuerzo, los lanzamientos o desahucios provocados por el impago de hipotecas y alquileres se encuentran en niveles mínimos en la última década, después de caer en 2023 un 30,3%. Así se desprende de una estadística publicada este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que refleja también un gran volumen de concursos de acreedores en los juzgados.
En 2023, se practicaron un total de 26.659 desahucios, el menor volumen anual desde el inicio de la serie histórica en 2013. La cifra se quedó por debajo incluso de los 29.398 registrados en 2020, cuando la parálisis de la pandemia provocó el estancamiento de muchos procedimientos judiciales. El descenso del 30,3% registrado el año pasado se suma a una caída más moderada de 2022, cercana al 8%, encadenando así dos años consecutivos a la baja. Estos descensos se enmarcan en un contexto en el que el Gobierno suspendió en 2020 la posibilidad de realizar desahucios en aquellos casos en los que se vean afectadas familias vulnerables sin alternativa habitacional con el objetivo de amortiguar el impacto económico y social de la pandemia, una medida que sigue en vigor.
En concreto, tres de cada cuatro desahucios practicados en 2023 se debieron al impago del alquiler. La ejecución de la Ley de Arrendamientos Urbanos motivó 19.676 lanzamientos, frente a los 5.260 provocados por el impago de la hipoteca, un 38,2% menos que en 2023. En el caso de los propietarios con deudas con el banco, las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo ha elevado la presión sobre el bolsillo de los hipotecados. Los 1.723 desahucios restantes obedecieron a otras causas.
Por comunidades autónomas, en Cataluña se concentraron el 26,8% de los lanzamientos practicados a nivel nacional. Le siguieron Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, que aglutinaron respectivamente un 16,7%, 14,5% y 8,9% de los desahucios, con 4.449, 3.869 y 2.367 respectivamente. No obstante, en Canarias y Baleares se practicaron cerca de 82 y 75 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, una proporción solo superada en Cataluña y en la Comunidad Valenciana y muy por encima de los 56 en los que se sitúa la media nacional.
También los procedimientos para recuperar la posesión de aquellas viviendas ocupadas ilegalmente descendieron en 2023 un 18,8% hasta las 2.261 actuaciones. El 23,6% se registraron en Cataluña (445), a la que siguieron Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid, con 424, 379 y 215 procedimientos respectivamente. Sin embargo, si se pone en relación las actuaciones con el número de habitantes, la tasa más alta corresponde a Baleares, con 9,8 tramitaciones por cada 100.000 habitantes.
En cambio, según la misma estadística, los concursos de acreedores presentados en los juzgados aumentaron un 52,9% en 2023 hasta los 42.443. El 78,4% fueron planteados por personas físicas sin actividad empresarial. Este tipo de concursos alcanzaron los 33.268 procedimientos, un 114,2% más que en 2022, más del doble. Por el contrario, el resto de concursos tanto de personas jurídicas como de empresarios disminuyeron respectivamente hasta un total de 5.447 y 3.728, un 22,9% y 27,7% menos que en el año anterior. Cataluña fue nuevamente la comunidad donde más concursos se presentaron, superándose los 12.000, mientras que en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid no se alcanzaron los 6.500.
El informe del CGPJ también refleja un aumento con respecto a 2022 en las demandas por despido, que crecieron un 16,1% hasta las 140.384. Por su parte, los juzgados registraron un total de 366 expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), una cifra que se mantuvo estable con respecto al año anterior con un ligero aumento de apenas un 0,5%.
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