Un solo informe, conclusiones radicalmente opuestas. Este viernes, la Comisión de Venecia hizo público su dictamen definitivo sobre la proposición de ley de amnistía, que está ya en las últimas fases de su tramitación. Y mientras para el Gobierno dicho informe avala "la legitimidad política de la amnistía como instrumento para la reconciliación" y "tumba las mentiras del PP", los populares sostienen que el órgano advierte de que la norma "rebasa los límites del derecho europeo" y "vulnera la separación de poderes y la independencia del poder judicial".
El choque a la hora de interpretar el informe de la Comisión de Venecia ya se produjo hace un par de semanas, cuando se filtró su borrador. Y los argumentos que trasladan el Ejecutivo y el PP son muy similares a los de entonces, puesto que el dictamen del órgano —una entidad consultiva dependiente del Consejo de Europa y formada por expertos en derecho constitucional, cuyos informes no son vinculantes— es lo suficientemente ambiguo como para que cada uno pueda presumir de una parte del mismo y obviar otras.
En este sentido, el Gobierno pueda asegurar que el informe publicado este viernes reconoce que "todos los países analizados pueden aprobar amnistías, también los que no tienen previsión constitucional", así como que "la proposición de ley no afecta al principio de igualdad ni a la separación de poderes". Y el PP, de la misma manera, puede decir que el texto "saca los colores a Sánchez y denuncia que su ley de amnistía permite que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados".
Uno de los puntos en los que mayor hincapié hace el Gobierno es en que "el informe tumba la principal mentira del PP, que dijo que la Comisión de Venecia exigía una reforma constitucional para aprobar una ley de este tipo: el informe ratifica que se puede aprobar mediante ley orgánica", si bien la Moncloa admite que "recomienda una mayoría más amplia" que la absoluta, la que permite sacar adelante este tipo de normas en el Congreso. La misma afirmación es interpretada por el PP con un matiz mucho más crítico: "La Comisión de Venecia alerta de la necesidad de acordar a través de una mayoría cualificada la aprobación de una norma de estas características y en ningún caso quedarse en la mayoría requerida simplemente para sacar adelante una ley orgánica".
En otro de los asuntos más polémicos de la amnistía el olvido legal de los delitos de terrorismo que no sean de sangre, la interpretación del informe que hacen PP y Gobierno también es radicalmente opuesta. El texto "desmonta una vez más el argumentario del PP, reconociendo que deben quedar excluidos, como hace ahora, los delitos de terrorismo que causen violaciones graves de derechos humanos", presume la Moncloa, mientras los populares apuntan que "la Comisión de Venecia saca los colores a Sánchez y denuncia que su ley de amnistía permite que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados".
"Por último, el informe también destaca el respeto de la independencia judicial, incluso en el caso de las medidas cautelares, dando además parámetros de interpretación a los jueces, lo cual será útil y reforzará la seguridad jurídica de cara a su aplicación", plantea además el Gobierno. El PP, en esta materia, también entiende el contenido del dictamen de forma distinta: "La amnistía vulnera la separación de poderes y ataca la independencia del Poder Judicial e incluso va más allá al rechazar que los jueces puedan ser citados en comisiones de investigación aprobadas por las Cortes Generales".
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