Nueve jueces de la Audiencia Nacional y el Supremo desoyen a la Fiscalía y avalan la investigación de Tsunami por terrorismo

El criterio de nueve jueces -el instructor Manuel García Castellón, tres de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y cinco de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo- se ha impuesto sobre el que ha expresado el Ministerio Fiscal en torno a la causa de Tsunami Democràtic. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo aprecian un posible delito de terrorismo en las acciones de la plataforma que impulsó las protestas en Cataluña tras la sentencia del procés, en contra de lo defendido por la Fiscalía en varias ocasiones.

Este lunes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público contra la decisión de García Castellón -avalada después por el Supremo- de investigar a Tsunami por presunto terrorismo. El Ministerio Público no creía que la organización hubiera incurrido en este delito, sino en el de desórdenes públicos, y por tanto abogaba por enviar las pesquisas a los juzgados de Barcelona, dejando al margen la imputación de Carles Puigdemont y el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg.

En su respuesta a estos argumentos, la Audiencia Nacional se acoge al auto dictado el pasado 29 de febrero por el Supremo, que contempla la existencia de un posible delito de terrorismo con perjudicados y el posible uso de instrumentos aptos para causar graves daños materiales y personales, con numerosos heridos y un agente de la Policía Nacional que quedó inconsciente tras impactar en su cabeza una piedra, lo que obligó a su traslado a un hospital.

Antes de que el alto tribunal tomase esta decisión, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, fue la encargada de determinar definitivamente la postura de la Fiscalía entorno a este asunto. Alegó que las investigaciones no aportaban suficientes indicios de que Tsunami Democrátic "fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

Sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que una vez marcado el criterio de Fiscalía respondió a la petición de García Castellón, considera acreditada la posibilidad de que el expresident hubiera cometido delitos de terrorismo como vértice de la plataforma Tsunami Democràtic. 

Para ello, el tribunal se centró en las acciones cometidas el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, en el que "se perturbó el servicio de aviación internacional y los servicios de aeropuerto y el tráfico aéreo". El auto de la Sala de lo Penal del Supremo indicaba que Tsunami creó "una situación de absoluto caos y violencia" y actuó "con perfecta coordinación". El alto tribunal destacó que los integrantes de la plataforma llevaban pasamontañas y "emplearon instrumentos peligrosos y artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos, tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes, que lanzaron contra los agentes de la autoridad".

Cuando el Tribunal Supremo dictó este auto se hizo cargo de parte de las diligencias, las que afectan a los dos implicados que cuentan con aforamiento: Puigdemont en el Europarlamento, Wagensberg en el Parlament. García Castellón, por su parte, continuó con su investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 6 a la espera de que la Sala de lo Penal contestase al recurso del Ministerio Fiscal. 

Este lunes, finalmente, esta Sala respaldó su postura al admitir que Tsunami cometió un posible delito de terrorismo, tal y como había dictado también el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional también rechazó el recurso de uno de los investigados, la mano derecha de Puigdemont, Josep Luis Alay, que negaba haber tenido una participación penalmente relevante en los hechos investigados. 

La Audiencia considera que Alay no fue "un simple mensajero asistente ajeno a los hechos", sino que tuvo una participación "esencial" en las acciones de Tsunami. Así, a García Castellón se unen, por un lado, cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres- y tres de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -Félix Alfonso Guevara, Ana María Rubio y José Pedro Vázquez-, para llevar adelante la investigación por terrorismo en contra del criterio de la Fiscalía.