El informe solicitado por el Senado sobre la ley de amnistía apunta a una nueva división del CGPJ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará este jueves previsiblemente a favor de un informe contrario a la amnistía, tirando por la borda el objetivo que tenía en mente el Gobierno cuando decidió que la norma se iba a tramitar como una proposición de ley: evitar los informes consultivos. Se someterán a votación dos textos diferentes. Fuentes del Consejo aseguran que con toda probabilidad la mayoría de vocales apoyarán el redactado por el vocal conservador Wenceslao Olea, contrario a la amnistía, y no el que ha elaborado la progresista Mar Cabrejas, que la avala. 

Una vez validado por el Consejo, el informe será remitido al Senado, la Cámara en la que el PP cuenta con mayoría absoluta y desde la que aprovechó para solicitar un pronunciamiento del CGPJ pese a no ser obligatorio. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, los vocales no se han citado ni han discutido sobre los dos informes que se remitieron hace semanas. En ningún momento ha tenido lugar un encuentro o un debate previo, lamentan las mencionadas fuentes. 

"Lo único que tenemos son dos propuestas antagónicas, no hemos hablado", explican a este periódico. El texto elaborado por Olea, que tiene "más opciones" de salir adelante, sostiene que la Constitución excluye "de manera consciente" la amnistía, y por tanto exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa, lo cual, en su opinión, no se aprecia en el texto.

Según su criterio, que este jueves se hará extensivo al Consejo, la amnistía no está reconocida en el Derecho español y la proposición de ley socava el derecho a la igualdad y la separación de poderes. El vocal denuncia la imposición del Poder Legislativo frente al Judicial, una circunstancia "inadmisible". El informe de Olea carga también con la tramitación de la medida de gracia vía proposición de ley y por el procedimiento de urgencia, injustificado a su parecer. 

Incide también en la ausencia de referencias al Código Penal al tratar el terrorismo en la redacción definitiva de la ley de amnistía. Una omisión que atiende a "la patente intención" de que los órganos judiciales no se atengan a la ley española, sino a la europea. 

Quedará descartado el informe de Mar Cabrejas, que a diferencia de su compañero no cree que el silencio constitucional sobre la amnistía implique "un vacío jurídico". "No existiendo una prohibición expresa en la Constitución para aprobar una amnistía, el legislador puede adoptar este tipo de medida", concluye la vocal en su informe, que este jueves será rechazado por un Pleno de mayoría conservadora.

El Partido Popular, en plena ofensiva contra la ley de amnistía, dispondrá por tanto de un nuevo argumento con el que atacar al Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, ya protagonizó una polémica a raíz de este informe elaborado por Wenceslao Olea y filtrado la semana pasada. El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,  Félix Bolaños, respondió en el Consejo de Ministros del pasado martes a varias preguntas sobre este asunto. 

Al comienzo de su intervención, aseguró que respetaba "profundamente" los argumentos jurídicos de los dos informes elaborados por vocales del CGPJ. Pero acabó señalando que en este órgano hay "vocales conservadores" que "por su cercanía al Partido Popular" no tienen "ninguna imparcialidad". 

"Ninguna esperanza" de que se renueve el Consejo

Al comienzo de 2024, PP y PSOE comenzaron a acercar posturas tras un parón de más de un año sin negociar la renovación del CGPJ. El órgano debió renovarse en 2018, ha duplicado de largo su mandato, pero los vocales no albergan ya "ninguna esperanza" de que se logre un acuerdo. Félix Bolaños y Esteban González Pons dirigen esta negociación que se lleva a cabo con la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. 

Fue el PP quien propuso retomar las conversaciones en Bruselas, bajo el ojo atento de la Comisión Europea, que desde hace años advierte a España de la "urgencia" de renovar el Consejo y reformar el sistema de elección de sus vocales. Este último punto es el que a día de hoy genera conflicto entre los populares y los socialistas, desinflando por completo la negociación. Con este escollo de por medio y ambos partidos enfrentados por la amnistía, los vocales ya "ni hablan" de una posible renovación, pese a que están convencidos de que hace unos meses "hubo intención real" de llegar a un pacto. 

Entre tanto, el actual presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, ya ha anunciado varias veces su intención de dimitir del puesto si el pacto no sale a flote. El jurista ha barajado varias fechas, pero según fuentes del órgano su dimisión como presidente -"no como vocal"- tendrá lugar en julio.