El PP se ve reforzado en su ofensiva contra la ley de amnistía en la segunda fase de tramitación de la norma tras la "reprobación reiterada de los expertos judiciales". El último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que dice que la futura ley es inconstitucional y arbitraria ha servido para que Alberto Núñez Feijóo externalice su lucha de cara a la segunda fase de la tramitación parlamentaria, la del Senado, donde los populares pondrán todas las trabas posibles. "No solo lo dice el PP, sino la sociedad y los expertos que no guardan complicidad con el Gobierno".
De este modo, los populares superan el primer traspié que les supuso el informe de la Comisión de Venecia. No tanto por su contenido —ya que les da la razón en que el trámite de urgencia no es el correcto y recomienda que se acote el alcance temporal y la cobertura de la amnistía—, sino por cómo lo aprovecharon los socialistas a su favor por los argumentos que no eran tan contundentes contra la norma. Y es que el órgano ni se pronuncia sobre la constitucionalidad ni sobre la conveniencia de la amnistía. "Gracias de corazón por pedir el informe", ironizó el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dirigiéndose al PP.
Los populares acusan al PSOE de "tergiversar" el informe que avala su crítica a los procedimientos. Lo consideran un "varapalo" a su proyecto estrella de la legislatura. No obstante, el contraargumentario del PSOE empañó la tesis del PP. Hasta la semana pasada, cuando Feijóo logró que se pronunciara un segundo órgano externo: después pedir el informe a la Comisión de Venecia acudieron al CGPJ.
"Coincide con el que emitieron los letrados del Senado y los de la Comisión de Justicia del Congreso, así como el que en su momento también trasladaron las principales asociaciones judiciales y juristas de reconocido prestigio. Por más que el Gobierno intente meter con un calzador la amnistía, este proyecto de ley no tiene cobertura ni encaje en la Constitución. Hasta la propia Comisión de Venecia destacó la necesidad de reformar la Carta Magna para poder dar cabida a este texto", sostienen desde Génova.
Así, se muestran "cargados de razones" contra la amnistía durante segunda fase de tramitación de la ley y mientras llevan al primer choque institucional entre Senado —mayoría absoluta del PP—y Congreso —mayoría del Gobierno de coalición y sus socios nacionalistas e independentistas— de la democracia. "La realidad es que toda institución que no está sometida a las necesidades de Sánchez opina libremente. La amnistía cuenta con una repoblación política y social", mantienen en Génova. O como se expresa el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado: "Primero fueron los letrados del Congreso. Luego la Comisión de Venecia. Hace tres días los letrados del Senado. Y hoy [jueves] el CGPJ".
Por todo lo anterior, Feijóo se ve en el punto de "requerir" al Gobierno que retire la ley. "No vamos a dejar de pasar ninguna para erosionar al gobierno con esta ley". Asimismo, desde la dirección nacional aspiran a que ello haga reflexionar a los catalanes de cara al 12 de mayo. "El PSC se presenta como cómplice de toda la hoja de ruta de Sánchez: desde las sospechas en torno a Salvador Illa por el caso Koldo hasta por acatar los postulados del independentismo y que legisla para una élite política y no para el grueso de los catalanes".
Los argumentos del Senado y el CGPJ contra la amnistía
El informe de los servicios jurídicos del Senado fue tan crítico con la proposición de la ley de amnistía que llegó a hablar de una "reforma encubierta de la Constitución". Coincidiendo con el CGPJ y con diversos análisis jurídicos, expuso el conflicto de la norma con el principio de igualdad o el de la separación de poderes, razones en las que justificar su inconstitucionalidad.
El documento, aún así, incidía especialmente en "la posición" en la que la proposición de ley remitida por el Congreso dejaba al Senado, llegando a aconsejar el planteamiento de un conflicto de competencias entre órganos constitucionales. Una sugerencia que el PP ha seguido al pie de la letra. La "posición" del Senado, según refleja el informe, es la de alguien atado de manos y pies: "no puede realizar un nuevo trámite de calificación y admisión de la iniciativa", debe tramitarla en dos meses. Lo único que le queda a la Cámara territorial es "vetar o enmendar", devolviendo la norma al Congreso, que la puede aprobar sin cambiar una coma.
¿Cuál es el problema? Que, según el informe, la amnistía no debería tramitarse como proposición de ley, sino que exige un "procedimiento de reforma constitucional". La ley prevé para esta reforma "un bicameralismo perfecto" en el que "las mayorías necesarias en el Senado son idénticas a las exigidas en el Congreso". La tesis de los letrados del Senado, por tanto, es que al encubrirse una reforma constitucional en una proposición de ley se está vulnerando "el derecho fundamental de representación política de los senadores".
El informe del CGPJ, aún más extenso que el de los letrados del Senado, expone a lo largo de 155 folios toda una batería de argumentos contra la amnistía en general y contra esta en particular. Al centrarse en esta proposición de ley, comienza por desgranar su exposición de motivos, "que sorprende por su extensión". Según el informe elaborado por el vocal Wenceslao Olea y aprobado con su apoyo y el de otros ocho compañeros, una extensa exposición de motivos "da cuenta de la necesidad" de justificar una ley "que a todas luces ha generado una amplia polémica en todos los ámbitos de la sociedad española".
Sin embargo, este no es el problema principal de la exposición de motivos. A juicio del Consejo, en ella se justifica la amnistía a través de un examen histórico de los acontecimientos de la última década en Cataluña. Un examen que "adolece de gran vaguedad, acudiendo a términos genéricos e inconcretos". Además, el relato solo considera a la "pretendida mayoría independentista, sin mención alguna" a las posiciones políticas y sociales que "se oponen a un proceso independentista". Se "silencia" a toda esa parte de Cataluña, denuncia el órgano.
El Consejo incide también en el contexto en que se aprueba la norma, y reprocha en este punto que "la causa directa e inmediata de la proposición de ley es el acuerdo celebrado entre PSOE y Junts". "Los siete votos de este partido eran esenciales para la investidura del candidato socialista como presidente", relata el informe. Al hilo, pone de relieve que el PSOE rechazaba por inconstitucional la amnistía y cuando cambiaron las mayorías las aceptó "sin reparo alguno".
El documento también carga contra la forma en que se ha tramitado la ley, y afirma que "sería harto difícil negar" que la proposición de ley y la vía de urgencia se escogieron arbitrariamente para "evitar" un análisis más sosegado sobre la norma.
Otro de los conflictos en los que ahonda el CGPJ es la prohibición de los indultos generales en la Constitución. Apunta sobre este asunto que es "ilógico" concluir que la Constitución permite la amnistía pero no un indulto general, cuando la amnistía, a la postre, "no constituye sino un indulto general más extremo y de efectos más intensos".
El Consejo se suma a las críticas de los letrados del Senado al denunciar la vulneración del principio de igualdad, "uno de los pilares básicos del Estado de derecho", y la separación de poderes. "Que la amnistía vulnera el principio de separación de poderes es de tal evidencia que está en la misma naturaleza de la institución", llega a proclamar el informe.
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