La lectura que los partidos políticos hacen de la historia de España y la gestión que se debe hacer de sus vestigios enfrentan al poder estatal, encabezado por el PSOE, y al poder autonómico, mayoritario del PP. En octubre de 2022, se aprobó la ley de Memoria Democrática, en sustitución de la aprobada en 2007 durante el Ejecutivo de Zapatero, que fomentaba la búsqueda e identificación de desaparecidos e impulsaba las exhumaciones, ente otras medidas.
Aunque la normativa estatal se aplique a todo el territorio español, varias comunidades autónomas han ido aprobando durante la última década sus leyes regionales propias de forma complementaria, excepto Madrid, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha, que no cuentan con ninguna norma en esta materia. Sin embargo, la constitución de nuevos gobiernos tras las elecciones del 28M ha provocado que varios dirigentes del PP (algunos junto con Vox) hayan decidido derogar las leyes autonómicas de mandos anteriores, algo que no ha sentado bien al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ya ha anunciado que recurrirá los nuevos proyectos ante el Tribunal Constitucional por contravenir, según dice, la norma estatal.
Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León son las tres regiones donde ya se ha anunciado que se derogarán las leyes autonómicas, pero también hay riesgo de que sean eliminadas las de Baleares (donde el PP gobierna con apoyo parlamentario de Vox) y Cantabria (con el Ejecutivo del PP en solitario). La inclusión de víctimas en la Segunda República, las exhumaciones o la ampliación al terrorismo son los principales puntos de discrepancia.
La ONU ha dado respuesta a una denuncia presentada por el Gobierno español contra esas normas. Tres relatores de la organización han establecido en un informe que las denominadas leyes de concordia en Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana "podrían" vulnerar los derechos humanos.
¿Qué cambiará en la memoria histórica de estas cinco comunidades? ¿Por qué el Gobierno quiere llevarlas al TC?
Aragón
El mayor terremoto político se siente en Aragón, la primera comunidad donde se ha eliminado la ley autonómica previa. El Gobierno de PP y Vox presidido por el 'popular' Jorge Azcón derogó el pasado 15 de febrero la normativa aprobada por el socialista Javier Lambán en 2018, en virtud del pacto de coalición que firmaron ambos partidos tras las pasadas elecciones. El principal punto de choque está en el ámbito de aplicación, ya que la norma del anterior Ejecutivo circunscribía en su artículo 6 la consideración de "víctima" a "la guerra civil y el franquismo", pero PP y Vox defienden ensanchar esta definición para que incluya también la Segunda República.
Según reza el texto que aprueba la derogación, la norma de Lambán ofrecía "una visión partidista de la historia", y contribuía a una "idealización extrema de la Segunda República", que califica como un "periodo convulso" incomparable con el modelo democrático actual. No obstante, el ministro Torres esgrime que esta derogación "retira la condena del franquismo" y contraviene la ley nacional, que fija la consideración de víctima en "la guerra y la dictadura". Esta sería la principal contradicción de la normativa autonómica y la estatal, tesis que sería aplicable en los cambios de otras comunidades.
Artículo 3 de la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022
- "Se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978"
Sin embargo, Aragón ya no tiene una legislación propia, por lo que Torres no podrá recurrir ninguna norma autonómica ante el TC, lo que mantiene tranquilo a Azcón, que afirma no tener "ningún proyecto de Ley de Concordia que vaya a tramitarse". Aún así, el Ejecutivo aragonés pretende sacar adelante en las próximas semanas un plan de concordia "para todas las víctimas", que incluya a las del periodo democrático, en referencia al terrorismo de ETA y yihadista, y que garantice la continuación de las exhumaciones de las víctimas que estén en fosas. Pero, mantienen, no tendrá rango normativo.
Comunidad Valenciana
La región valenciana es la segunda de las tres protagonistas del cambio en su concepción de memoria. Allí, el Gobierno de PP y Vox presidido por Carlos Mazón, presentó el 21 de marzo una proposición de ley de Concordia que sustituirá a la actual ley autonómica aprobada en 2017 bajo el Gobierno del Botànic, encabezado por Ximo Puig. El punto de choque vuelve a ser el mismo: la norma del anterior Ejecutivo acota en su artículo 3 la definición de víctima a las que sufrieron el "período que abarca la guerra civil y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978".
Según explicó el presidente Mazón, la nueva propuesta pretende "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta la actualidad". Por la otra parte, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, asegura que la ley eliminará los términos "guerracivilistas" y mantendrá la reparación de "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa" en la Comunidad Valenciana, para incorporar a las víctimas de ETA. Cabe destacar que, aunque el procedimiento de memoria democrática iniciado por Puig decaerá, no lo harán "los procesos de exhumación".
A juicio del ministro Torres, normas como esta pretenden "unir" los años del "totalitarismo y de la dictadura, con un periodo de "régimen democrático" como fue la Segunda República, ha indicado. Para el ministro es "inadmisible", pues considera que el Partido Popular, "obligado por Vox", intenta "blanquear la dictadura".
Castilla y León
El Gobierno de PP y Vox de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, es el tercero que anunció un cambio en la legislación autonómica de memoria democrática, pero en este caso se modificará el decreto aprobado en 2018 por el Ejecutivo en solitario de Juan Vicente Herrera (PP) mediante una nueva Ley de Concordia, que mantendrá las exhumaciones.
¿Qué cambia? La proposición incluirá los hechos sucedidos entre 1931 y 1978, por lo que, a priori, imita la consideración de víctima defendida por Azcón y Mazón, pero se aparta de la línea del "hasta nuestros días" del plan aragonés y el proyecto de ley valenciano. El texto ha sido muy criticado por grupos de izquierdas, que denuncian que no recoge una condena expresa al franquismo y que suprime la palabra "dictadura".
El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha defendido que el texto es solo una proposición de ley que puede cambiar durante su tramitación y que será "una adaptación normativa" de la Ley de Memoria Histórica estatal de 2022.
Baleares
El Govern balear ostentado por la 'popular' Marga Prohens afronta también un cambio legislativo en esta materia, aunque por el momento es pausado. Bajo el mandato de Francina Armengol y con los votos a favor del PP, el Parlament Balear aprobó en 2018 la Ley de Memoria Democrática, para el reconocimiento y la difusión de la historia de la Guerra Civil y el franquismo en las islas.
Seis años más tarde, el actual Ejecutivo tacha de "partidista" la norma todavía vigente, después de firmar un acuerdo con Vox para que facilitara la investidura de Prohens. El artículo 48 del pacto rezaba: "Se derogará la Ley 2/2018 [de memoria democrática]. Se realizarán políticas para facilitar la recuperación de personas fallecidas, sin discriminaciones por motivos ideológicos o religiosos. Se evitará la destrucción de monumentos y elementos históricos, procurando su correcto mantenimiento y su conocimiento dentro del contexto histórico". En definitiva, si el acuerdo se cumple, los próximos pasos del Govern en el ámbito de la memoria irán por la senda del pacto.
Cantabria
El Gobierno de Cantabria, regido por la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, tiene previsto derogar la ley de memoria de la comunidad aprobada en 2021 durante el Gobierno de coalición de PRC y PSOE. Si bien la derogación era uno de los objetivos del programa electoral de Buruaga, la norma se revocará mediante una iniciativa presentada en septiembre de 2023 por Vox en el Parlamento, sin que se conozca aún la fecha en la que decaerá.
De nuevo, se sitúa en el centro del debate la horquilla de fechas para la consideración de víctimas en Cantabria, pues el texto de la pasada legislatura establecía "el período que abarca desde el inicio de la guerra civil hasta 1978", pero los 'populares' insisten en que la ley es "sectaria" y distingue entre "víctimas de primera y de segunda". Los socialistas defienden que la norma, aunque parte de la guerra civil, "no habla de bandos, de vencedores ni vencidos". En cualquier caso, PP y Vox prometen sacar el proyecto de ley "a la mayor brevedad".
El resto de comunidades, sin derogaciones
Extremadura
Extremadura es una de las cinco comunidades autónomas donde el PP y Vox gobiernan en coalición, que siguen manteniendo posturas diferentes sobre la ley de memoria autonómica aprobada en 2018 bajo el Gobierno del PSOE. Vox tiene intención de derogar la norma, pero el PP rechaza eliminarla y aboga, en todo caso, por hacer cambios para por ejemplo "amparar a todas las víctimas represaliadas políticamente sin distinción".
Andalucía
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada por el Parlamento andaluz en 2017 sin ningún voto en contra. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla, con mayoría absoluta del PP, no tiene previsto derogar ni hacer ningún cambio en el texto, pese a la petición de Vox, y de hecho el año pasado aprobó el II Plan de Memoria Democrática 2023-2027.
Asturias
Asturias cuenta con una ley de memoria democrática que fue aprobada en marzo de 2019, durante el Gobierno del socialista Javier Fernández. El actual Gobierno autonómico, de PSOE e IU, prevé seguir desarrollando medidas pese a la presión ejercida por Vox, que con el apoyo del PP reclamó el pasado mes de octubre la derogación de la norma.
Canarias
Canarias tiene una ley de memoria que entró en vigor en 2018, con Coalición Canaria al frente del Gobierno, partido que sigue gobernando en la actualidad.
Cataluña
En Cataluña fue aprobada una Ley del Memorial Democrático en 2007, complementada en 2009 con una ley de fosas y otra en 2017 para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo. El Parlament estaba tramitando un nuevo proyecto de ley de memoria democrática para ampliar determinados conceptos, pero esta iniciativa legislativa se ha paralizado por el adelanto electoral.
La Rioja
En La Rioja hay una ley autonómica de memoria que fue aprobada en 2022 con los votos a favor del PSOE y Grupo Mixto y el rechazo de PP y Ciudadanos (Cs) y que el actual Gobierno autonómico (con mayoría absoluta del PP) no tienen previsto derogar ni modificar.
De hecho, el pasado 11 de marzo el Parlamento regional rechazó una proposición no de ley de Vox para instar al Gobierno de La Rioja (PP) a derogarla (fue rechazada con el voto en contra de PSOE y Podemos-IU y la abstención del PP).
Navarra
Navarra fue pionera y el Parlamento aprobó en 2013 con el apoyo de todo el arco parlamentario, excepto la abstención de UPN y el voto en contra del PP, la ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.
A ella se sumó en 2018 la aprobación de la Ley Foral de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra. Ambas normas siguen en marcha con el actual Gobierno de coalición de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
País Vasco
El Parlamento Vasco aprobó en septiembre de 2023 una ley de memoria con el único rechazo de los diputados de PP, Vox y Ciudadanos.
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha, donde gobierna el socialista Emiliano García-Page con mayoría absoluta, no tiene una ley de memoria propia, pero desde 2021 cuenta con Consejo Asesor de la Memoria Democrática para proponer medidas sobre esta materia.
Madrid, Galicia y Murcia
Al igual que el Ejecutivo castellanomanchego, los gobiernos del PP de estas tres regiones tampoco tienen legislación autonómica.
Comentarios