Muchas familias, la mayoría monoparentales, han tenido que volver a casa de los abuelos al no poder hacer frente al alquiler. Hay zulos de ocho metros que cuestan 400 euros al mes. Familias alejadas del centro de las ciudades por el fenómeno de renovación urbana conocido como gentrificación turística y su añadida especulación. Alquileres de 500 euros por una habitación en pisos inhabitables. Jóvenes que no se pueden emancipar porque su exiguo salario no les llega para alquilar y menos para comprar una casa.

Ante estas situaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado políticas de vivienda para hacer frente al problema: la Ley del Derecho a la Vivienda, la creación de avales desde el ICO del 20% para la entrada en la compra para jóvenes, medidas de promoción de la vivienda pública, así como la aprobación del bono de alquiler joven con ayudas de 250 euros al mes durante dos años. Ahora, con la publicación del Índice de Precios de Alquiler se ponen topes a las viviendas de los grandes propietarios en las zonas tensionadas, siempre que sean declaradas así por los gobiernos locales y autonómicos.

El Gobierno trabaja para favorecer el acceso a la vivienda, pero la mayor parte de las competencias están en manos de las Comunidades Autónomas. Las instituciones no pueden estar de perfil y decir que es el mercado el que debe regularse. Han de ponerse manos a la obra para que el derecho constitucional a una vivienda digna, reconocido hace más de 40 años, sea satisfecho, tal y como está haciendo el PSOE.

Sin embargo, los gobiernos del PP, en especial en la Comunitat Valenciana, están boicoteando y no aplicando la Ley del Derecho a la Vivienda, retrasando el pago del Bono Joven y dejando que la especulación expulse a la ciudadanía de sus hogares.

Están a otra cosa. A crispar y a utilizar las instituciones de forma partidista en lugar de aceptar el reto de un gran Pacto de Estado por la Vivienda. ¡Es el momento de actuar, señores de la derecha!