Las mascarillas y el Tribunal de Cuentas. Hace ya más de cuatro años de la pandemia pero, por todo lo que estamos descubriendo este último mes, este país parece estar aún lejos de saber qué irregularidades pudieron cometer sus administraciones para hacerse con el suministro de mascarillas. Se puede entender la improvisación de cómo se gestionó el 2020, pero tiene menos pase que un país serio no haya sido capaz en cuatro años de fiscalizar lo sucedido en esos tensos meses. ¿No debía servir justo para esto el Tribunal de Cuentas?, ¿no son suficientes los 68 millones de euros que tienen presupuestados en sueldos al año? Está bien que el Congreso y el Senado se pongan ahora a investigar y a suplir lo que no han sabido hacer otros órganos del Estado, pero si el listado de citados solo está motivado por intereses políticos, no dejará de ser otra anomalía más del momento actual.
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