Cuando un país se encuentra inmerso en un conflicto armado no es habitual que haya protestas contra su gobierno. La tendencia natural es hacia la unidad del país y apoyar al Ejecutivo mientras duran los enfrentamientos. Así ocurrió al principio en Israel, a pesar de los casos de corrupción que pesan sobre su primer ministro, cuando las milicias de Hamás perpetraron el 7 de octubre pasado aquella brutal acción terrorista que causó 1.200 muertos, casi 1.500 heridos y más de 200 secuestrados. El Gobierno de Benjamín Netanyahu recibió muestras de apoyo y solidaridad casi unánimes de la comunidad internacional, y la ciudadanía israelí hizo piña con su Ejecutivo a pesar de la incompetencia que evidenció su incapacidad de prevenir un atentando cuya sofisticación y envergadura requerían la participación de cientos de milicianos.

Todo ese apoyo y esa solidaridad dentro y fuera de Israel se fue perdiendo paulatinamente a la vista de la estrategia seguida por Netanyahu para responder a la agresión de Hamás. Los bombardeos indiscriminados sobre Gaza, el bloqueo terrestre a la entrada de alimentos y la incursión del Ejército israelí a sangre y fuego sobre la población civil se han cobrado ya la vida de más de 33.000 civiles, en su mayoría mujeres y niños, suscitando el rechazo de todo el planeta, que asiste horrorizado a una operación militar que parece más destinada a la aniquilación de la población palestina que a la liberación de los rehenes secuestrados y la eliminación de sus captores. Israel se quedó solo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que exigió un alto el fuego inmediato y ya no queda una sola cancillería que defienda el tormento al que el Gobierno de Tel Aviv está sometiendo a los habitantes de la Franja. Las bombas, el hambre y las enfermedades han convertido aquel espacio en un gigantesco campo de exterminio del que no hay escapatoria posible. El estupor causado esta semana por el ataque a la ONG de Jose Andrés con siete cooperantes muertos solo fue superado por la declaración del propio Netanyanu negando la evidente intencionalidad de la acción y justificándola como "cosas de la guerra".

Aunque el premier israelí se declara inmune a la presión internacional, incluida la de Estados Unidos, que pide un alto el fuego mientras le sigue suministrando armas, lo es menos al creciente rechazo interno. La ola de manifestaciones en las principales ciudades de Israel exigiendo su dimisión cuenta ya con la participación de familiares de los secuestrados que le acusan de machacar a los habitantes de Gaza para mantenerse en el poder y no negociar la liberación de los rehenes en poder de Hamás. La ciudadanía israelí es cada vez más contraria a la acción del Gobierno y más consciente del declive reputacional que somete al país por sus atrocidades contra la población palestina.

El nivel de popularidad de Netanyahu ha caído en picado y las encuestas lo sitúan ya por muy por debajo del 30%. Por si fuera poco, sus socios ultraortodoxos de Gobierno le plantean un pulso que puede hacer saltar por los aires el Ejecutivo. Los haredim, miembros del judaísmo ortodoxo exentos hasta ahora de prestar el servicio militar por sus creencias religiosas, serán llamados a filas por una orden judicial que elimina su dispensa. El Ejecutivo, después de movilizar a casi 300.000 reservistas tras los atentados del 7 de octubre, intentó alargar tal privilegio,  pero el Tribunal Supremo anunció esta semana que el reclutamiento militar de los individuos de esta corriente ultra es inaplazable. Ahora solo la guerra mantiene en el poder a Netanyahu.