Seis vocales del Consejo Fiscal se rebelan contra García Ortiz y presentan un informe sobre la amnistía como solicitó el Senado

Seis vocales del Consejo Fiscal se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que rechazó dos solicitudes del Senado para elaborar un informe sobre la proposición de ley de amnistía y le acusan de no informar a los vocales de estas peticiones. Los miembros del Consejo Fiscal pertenecientes a la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de corte conservador, han presentado un borrador de 160 folios sobre la norma y esperan debatirlo en el próximo pleno del órgano. 

Adjunto al informe, la asociación ha publicado un comunicado en el que tilda de "inconcebible" la actuación por parte de García Ortiz. El documento denuncia la "ocultación" al Consejo Fiscal de las peticiones del Senado y rechaza de lleno los argumentos utilizados por el fiscal general para negarse a elaborar el informe. Según García Ortiz, la proposición de ley "no afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal", pero la Asociación de Fiscales cree que la norma tendrá "una evidente afectación" en el ámbito funcional de la Fiscalía. 

En el informe, los vocales exponen toda una serie de razones por las que la amnistía es, en su opinión, inconstitucional: supone la quiebra del principio de separación de poderes, vulnera el principio de igualdad, implica el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y no cumple los requisitos constitucionales para tener validez como norma de carácter singular. 

El borrador tampoco da el visto bueno a la medida de gracia en lo que respecta a su compatibilidad con el derecho europeo. Tal y como expone, la norma entra en conflicto con los compromisos internacionales adoptados por España en la lucha contra la corrupción. "El delito de malversación no puede ser objeto de una amnistía", apunta el texto. Exactamente lo mismo ocurre, según la asociación, con los delitos de terrorismo.

La pretensión de los seis vocales que han presentado este informe es someterlo a votación en el Consejo Fiscal, compuesto por 12 miembros, entre ellos García Ortiz, que preside el órgano. En el propio borrador se recuerda que la amnistía se impulsó "para obtener el apoyo favorable a la investidura" de Pedro Sánchez y se denuncia su tramitación como proposición de ley, y no como proyecto de ley, "con la consiguiente omisión de los informes de los órganos consultivos correspondientes". 

"El consenso social y político mayoritario existente hasta el pasado 23 de julio en torno a la inconstitucionalidad de la figura de la amnistía ha sido sustituido por un repentino cambio de opinión", subraya el informe, un "quiebro radical" que "no se ha justificado como producto de una reflexión jurídico política". Los vocales conservadores, en definitiva, se oponen frontalmente a la viabilidad jurídica de la ley de amnistía, y expresan por otro lado su enfado con Álvaro García Ortiz, punta de lanza del Ministerio Público. 

Relatan en un breve comunicado cómo se enteraron de que el Senado había solicitado un informe a la Fiscalía a través de los medios. El presidente de la Cámara Alta envió una misiva a García Ortiz el 7 de diciembre pasado en la que pedía por primera vez el pronunciamiento del Consejo Fiscal. "Dicha petición fue sustraída al conocimiento de los vocales", explican. 

El 23 de enero, ante el silencio de García Ortiz, el Senado se volvió a dirigir al fiscal general y reiteró su solicitud. Al día siguiente fueron los propios vocales de la Asociación de Fiscales quienes remitieron un escrito a García Ortiz: "Mostramos nuestra más profunda estupefacción y rechazo por el hecho de que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no hubiera sido atendida, sino que se hubiera sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas". 

En el mismo escrito pidieron que se diera curso a la petición del Senado, comenzando por designar un ponente y elaborar el informe. La petición de los fiscales, como la del presidente del Senado, no fue atendida por García Ortiz, que se limitó a reenviar a los vocales una copia de la carta que había enviado a la Cámara Alta. Los fiscales lo intentaron de nuevo el 30 de enero, con el mismo resultado que en la ocasión anterior. 

La semana pasada, gracias a las informaciones de los medios de comunicación, la Asociación de Fiscales supo que el Senado había dirigido una última petición a García Ortiz, una solicitud de la que tampoco se informó al Consejo Fiscal. Esta fue la gota que colmó el vaso y ha llevado a los fiscales a enviar a Álvaro García Ortiz su propio borrador de informe sobre la ley de amnistía y solicitar un debate en el Consejo Fiscal.