Tras meses de negociaciones, reuniones y algún que otro desencuentro, el Gobierno presentará este lunes su propuesta final a Canarias para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados. Una modificación legislativa a la que se comprometió hace un tiempo con el Ejecutivo canario para descongestionar los centros de acogida y que implicará una reforma de la ley de extranjería.
La propuesta es el primer paso para hacer corresponsables a todas las comunidades autónomas de las llegadas de migrantes a las costas españolas, y deberá contar con el apoyo de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, una vez el presidente canario, Fernando Clavijo, dé su visto bueno. El horizonte está en tener aprobada la reforma antes de verano, que es cuando suelen producirse aumentos de llegadas por el buen tiempo.
Por ahora no se han avanzado muchos detalles de la reforma, salvo que tendrá el objetivo de reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar documentación y trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes.
"Lo importante aquí es que es la primera vez que se logra consensuar una propuesta de modificación de una ley para el reparto obligatorio de menores y que se ha trabajado con la comunidad autónoma que sufre la mayor presión. Es inédito, no había pasado antes en otras crisis migratorias. Nunca un Gobierno de España había tenido tan de cerca un mecanismo de solidaridad obligatorio para el reparto de menores migrantes no acompañados", explican a 20minutos fuentes del Ministerio de Política Territorial, que junto al de Juventud e Infancia y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha liderado todo el proceso de negociación.
Según está ahora la ley, es competencia exclusiva de las autonomías hacerse cargo de la guardia y tutela de los menores. Pero, en la práctica, los niños y adolescentes acaban concentrándose siempre en los territorios habituales de llegada, es decir, Canarias, Ceuta y Melilla. Por ello, el Ejecutivo se ha propuesto crear un mecanismo vinculante para las administraciones autonómicas mediante la modificación del artículo 35 del Reglamento de la Ley de Extranjería, para que, cuando se supere el 10% de la capacidad de cada territorio, se active esa responsabilidad compartida.
Actualmente, solo en Canarias hay tutelados más de 5.000 menores no acompañados. Y, según el Ministerio del Interior, en 2023 aumentó un 116,8% el número de niños y adolescentes menores de 18 años que llegaron a España de forma irregular: 5.151, en total. Así, la iniciativa aspira a descongestionar los centros de acogida, saturados en cada crisis migratoria. Se trata, además, de un compromiso que asumió el PSOE con Coalición Canarias para la investidura de Pedro Sánchez. "Iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades a las que llegan", rezaba el documento que suscribieron ambos grupos.
Una oportunidad para reforzar la protección
Lo cierto es que, aunque ahora parece que el Ejecutivo se ha comprometido a atajar esta problemática, este es un asunto del que se lleva alertando tiempo. "Ahora lo ha solicitado Canarias, pero Andalucía, por ejemplo, ya lo pidió en 2018. Cada vez que hay un territorio presionado y ve sus recursos tensionados por las llegadas de menores, pide esa corresponsabilidad", explica a este periódico Bárbara González, especialista en infancia en movimiento de Save the Children.
Recuerda González también que, hace poco más de un año, la Conferencia Sectorial de Infancia aprobó un plan de contingencias migratorias que establecía ese reparto de menores. "Ese modelo sienta las bases para luego llegar a acuerdos específicos, pero no son obligatorios, sino que el Gobierno insta a las comunidades a que reciban a los menores migrantes a cambio de distintos incentivos", detalla.
La comunidades, dice la portavoz de Save the Children, sí están aceptando traslados, "pero no son proporcionados a las necesidades y al nivel de saturación que sufren los territorios fronterizos", ni a los miles de niños y adolescentes que están en los sistemas de protección receptores. "Tenemos que aceptar que somos un país fronterizo, independientemente de los territorios específicos que no tengan esa presión migratoria. Estamos en la frontera sur de Europa, entre dos continentes con un nivel de desigualdad muy grande y siempre se van a dar flujos migratorios. Tenemos que estar preparados para acoger esos flujos de la mejor manera posible y, en lo que respecta a los menores, con todas las garantías a las que tienen derecho", defiende.
Para la organización, es crucial establecer un sistema que pueda ir "monitorizando" las llegadas e ir creando "sistemas de alerta temprana", como ya se hace en otros países ante desastres climáticos, por ejemplo. No es más que fortalecer el sistema de detección y protección para que los profesionales que trabajan en él puedan hacer su trabajo en condiciones y garantizando su función protectora.
Y es que, la saturación —incide González— acaba afectando a los menores migrantes, a corto, medio y largo plazo. "Hay menor capacidad de detectar las necesidades específicas, porque hay menos capacidades de trabajar caso por caso. Cada niño niña tiene unas necesidades, y, además, a veces interseccionan más de una. Una menor puede necesitar protección internacional y a la vez ser reconocida como víctima de trata para acceder a los recursos de salud mental. Todo eso hay que verlo caso por caso y activar las medidas protectoras", sostiene.
Siguiendo con ese ejemplo, si la menor cumple la mayoría de edad, va a seguir teniendo derecho a esa protección internacional. "Pero si no lo hemos activado desde el principio, estamos poniendo en riesgo a esa persona cuando cumpla los 18 años. Además, hay acompañamientos específicos. No es lo mismo un menor en desamparo que uno víctima de trata. Hay que, por ejemplo, supervisar más el tipo de contactos que está teniendo con la familia de origen, analizar si están seguros en el territorio por el que han entrado por si hay riesgo de que aprovechen cualquier salida para llevársela... y todo eso hay que detectarlo desde el primer momento, porque, si no, luego se escapa la oportunidad de poder protegerla", asegura.
Con todo, para González, lo crucial —más allá de asumir esa responsabilidad compartida— es asumir que se trata de un asunto que debe abordarse siempre desde un enfoque de infancia. "Estamos hablando de menores y tiene que ir por delante de su condición de personas extranjeras. Las competencias tienen que mantenerse en los organismos de infancia", concluye.
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