"Voy a ser escueto. Un día como hoy y después de las noticias, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país", así ha reaccionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la investigación que un juez de Madrid ha abierto a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias en la concesión de subvenciones a empresas.
En medio de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, y utilizando una pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre si "cree en la justicia" y si está sintiendo "en sus carnes la guerra sucia" -referida en su caso a la llamada Operación Cataluña y al caso de espionaje Pegasus-, Sánchez ha respondido que "en un día como hoy" y "a pesar de todo", sí sigue creyendo "en la justicia" española, en la autonomía, en la independencia en su caso y en la separación de poderes. Ha recalcado que, en el momento en el que los socialistas entraron en Moncloa hace 6 años "salieron todas las corrupciones que avergüenzan a los demócratas".
Sin que nadie en el hemiciclo hubiese sacado a colación este asunto, el presidente del Gobierno se ha referido a esta investigación sobre su mujer, que fue incoada desde el pasado 16 de abril tras una denuncia de Manos Limpias y que ha sido declarada "secreta". El procedimiento está en manos del juez Juan Carlos Peinado y se prevé ordenar la comparecencia de varios testigos para delimitar los negocios de la mujer del presidente.
Según la información que desveló El Confidencial, Begoña Gómez se reunió con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en las mismas fechas en que esta compañía negociaba un rescate para Air Europa con el Gobierno de Sánchez en plena pandemia. El Consejo de Ministros acabó aprobando el desembolso de 475 millones de euros para rescatar la aerolínea de Globalia. El PP lo denunció ante la Oficina de Conflicto de Intereses, alegando que el presidente se tenía que haber abstenido en el Consejo de Ministros, pero el organismo lo archivó asegurando que Sánchez no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en dichas entidades.
El Gobierno sale en tromba: "Una denuncia más"
El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, se ha referido a este asunto como "una denuncia más" abiertamente y en los pasillos del Congreso tras la sesión de control. En el mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha cargado con dureza contra el PP por utilizar una "denuncia falsa de una organización ultraderechista" para "difamar e injuriar" a la Presidencia del Gobierno. "No vamos a consentir que esas prácticas trumpistas socaven la democracia en España", ha lanzado a su salida del pleno.
A su juicio, esto responde a una práctica del PP, "el peor PP de la historia", que ha optado por los discursos de la derecha y la ultraderecha. "Primero intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos, luego manipularon al Senado creando una comisión [de investigación] falsa, como lo fue la denuncia, y ahora utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista", ha enumerado para cargar contra el PP.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, también ha acusado a los populares de lanzar bulos por "desesperación". "Hay Gobierno. Hay legislatura. Hay proyecto. Hay liderazgo. Todo lo que le falta a Feijóo y al PP", escribió en un mensaje en la red social X. Mientras que el portavoz del PSOE, Patxi López, ha hablado de "difamación" también por parte de los populares. A su salida del hemiciclo y en tono indignado ha lanzado: “Uno empieza a estar un poco harto, este es un país donde hay que demostrar la inocencia. Se lanzan acusaciones sin datos o información veraz, sin pruebas".
Sumar respalda a Sánchez
Desde el otro sector del Gobierno, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha respaldado a los socialistas asegurando que la denuncia de la "asociación ultraderechista" busca "un impacto directo" en las elecciones. Ha comparado este caso con el de Mónica Oltra, que dimitió en 2022 como vicepresidenta del Consell valenciano, pese a que su causa finalmente se disolvió.
"A resultas de la denuncia de una asociación ultraderechista se produce un trámite que es casi rutinario, que es la apertura de diligencias, que en ningún caso supone la imputación de alguien, que es la apertura de diligencia", indicó Errejón, asegurando que su formación no le daría mayor trascendencia.
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