La vulnerabilidad y las desigualdades se cronifican en Cataluña: el 25% de la población vive en riesgo de pobreza

La vulnerabilidad y la desigualdad se han cronificado en la última década en Cataluña, con cerca de un 25% de la población catalana en riesgo de pobreza o exclusión, es decir, una de cada cuatro personas. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Cronificació de la pobresa i creixement de la precarietat'  realizado y presentado este martes por las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que analiza los 20 años de ECAS y los diez desde el primer informe Insocat.

Ante esta situación, las entidades sociales han pedido políticas sociales más valientes. "Las políticas sociales no logran combatir las causas de la pobreza. Hablamos de personas vulneradas sistemáticamente", ha denunciado Marta Garcia, de la vocalía de pobreza de ECAS. Asimismo, advierten que la cronificación de la pobreza continuará y se perpetuarán situaciones de exclusión graves que tendrán un severo impacto negativo en el futuro.

En este sentido, el informe recoge que los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos 10 años no han situado en primer plano el impulso de políticas y medidas universales para hacer frente a la pobreza y la creciente polarización social. Esto ha provocado un incrementado del malestar de segmentos cada vez más amplios de la población y del riesgo de conflictividad social.

Trabajadores cada vez más pobres

En el informe, ECAS constata la incapacidad del sistema para traducir las mejoras macroeconómico en mayor bienestar social. Así, mientras el paro ha descendido y otros datos macroeconómicos también han mejorado, los trabajadores son más pobres. De hecho, en 2023 un 10% de las personas que trabajan estaban en riesgo de pobreza.

Esto, combinado con el encarecimiento del coste de la vida, con la vivienda como máximo exponente, hace que cada vez sean más las personas que no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. El informe hace alusión a un "desequilibrio" entre los ingresos de los hogares y el coste de la vida. Añade que el incremento de los precios, especialmente desde 2020, sin una correlación en la evolución de los sueldos, ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.

Alimentación, vivienda y suministros

Las situaciones de privación material severa han pasado del 3,1% al 8,9% entre 2009 y 2023, según el informe. Un 36% de las personas no pueden hacer frente a gastos imprevistos y casi un 30% de la población no puede pagarse una semana de vacaciones al año. Por su parte, el porcentaje de personas que pagan con retraso los gastos de vivienda han pasado del 6% al 9,6% en una década.

Las situaciones de pobreza afectan especialmente a la infancia y la adolescencia y a las personas migradas. Además, afectan más a mujeres que hombre. 

Las entidades critican la falta de compromiso político

El informe destaca que se ha producido también una pérdida de consideración y garantía de los derechos sociales. En este sentido, ECAS ha criticado que las administraciones no hayan situado en primer plano el impulso de políticas universales y preventivas y, ha añadido, que se han puesto en marcha respuestas reactivas que han sido solo paliativas y su capacidad de transformación estructural.

Por otro lado, lamenta también que se han implantado cada vez más modelos de gestión burocráticos en las administraciones y esto ha contribuido a aumentar la distancia entre la ciudadanía y las instituciones.

Diseñar un nuevo escenario que garantice los derechos

Con todo, ECAS ha afirmado que hace falta responsabilidad, profesionalidad y consenso por parte de los poderes públicos que permitan un abordaje real de los problemas sociales. También una mayor inversión social. Por ello, ha instado a diseñar un nuevo escenario basado en la garantía de los derechos para el conjunto de la ciudadanía. A su juicio, este nuevo escenario debería recaer principalmente en el Govern, pero debería extenderse al resto de fuerzas parlamentarias y agentes sociales.