El soterramiento del canal de acceso ferroviario a Valencia, actualmente en obras, eliminará la gran barrera que separa, prácticamente hasta el centro, los barrios del sur de la ciudad. Sin embargo, hay otra "cicatriz urbana" que ni siquiera tiene plazos ni previsión de inversión para su supresión: la prolongación sur del túnel de Serrería que permite la salida de los trenes hacia Barcelona. Con ella, el paseo de la Alameda acaba en un muro a la altura del Grao, en la calle Ibiza, lo que no solo hipoteca el desarrollo de este sector urbanístico, sino también la finalización del Jardín del Turia y, por lo tanto, de la apertura de Valencia al mar.
El consenso político (desde el actual equipo de Gobierno de María José Catalá a Compromís pasando por el PSPV) y vecinal en la reivindicación durante los últimos años no se ha materializado en un proyecto por parte del Gobierno central, que tiene la última palabra para llevar adelante una actuación que también tendrá su impacto en el Corredor Mediterráneo.
La alcaldesa volvió a reclamar la semana pasada al Ejecutivo de Pedro Sánchez el soterramiento de las vías de Serrería. Lo hizo desde el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, entidad a la que pertenece como responsable municipal, al que solicitó apoyo por el impacto de una infraestructura "clave a medio y largo plazo para la salida ferroviaria de mercancías del puerto".
En este sentido, volvió a insistir en la petición de una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para abordar tanto el proyecto como su financiación, en la cual "está dispuesto a colaborar el Ayuntamiento" de dos maneras: con la redacción del proyecto y adelantando parte del coste total, que Catalá cifra en 150 millones de euros que reclama al Gobierno de España.
Precisamente, el ministro afirmó el pasado mes de marzo en la Cadena Ser, durante una visita a Valencia, que está a favor del soterramiento de este tramo de vías, pero añadió que, a diferencia del canal de acceso y del túnel pasante, esta es una operación urbanística, por lo que considera que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat deberán financiar parte de las obras. Aunque apuntó a una próxima reunión con Catalá y Mazón para abordar este asunto, esta sigue sin fecha.
Desde la oposición, la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, se muestra a favor de la obra y define el soterramiento como "una de las deudas que tiene pendiente el gobierno" con Valencia y pide al Ministerio "que se ponga a trabajar". La portavoz socialista, Sandra Gómez, afirmó tras la comisión de Urbanismo de la semana pasada que "no hay ningún compromiso de financiación ni de impulsar ese soterramiento" por parte de Catalá.
"Un tema de ciudad"
La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (FAAVV) solicitó la pasada semana reunirse con el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio para desbloquear este proyecto, que lleva pendiente desde la década de los ochenta. Según la presidenta de la entidad, María José Broseta, la obra es "urgente" y no es una cuestión "de ciertos barrios, es un tema de ciudad, pues de esto depende que se lleve a cabo realmente la verdadera vertebración de Valencia".
En su opinión, se trata de "una reivindicación histórica y es inadmisible que, 40 años después, aún no se haya concretado el desarrollo un proyecto que es necesario y que ha de poner fin a la barrera existente entre el cauce histórico del río y el nuevo que nos impide comunicarnos".
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