Los pisos turísticos se extienden por toda Valencia más allá del centro y de la fachada marítima, las zonas más emblemáticas para los visitantes. Esta percepción, sobre todo a raíz de su implantación en bajos comerciales de numerosos barrios, queda constatada con los datos de las multas a apartamentos ilegales que ha interpuesto el Ayuntamiento en los cuatro primeros meses del año.
La primera conclusión es que las inspecciones se están intensificando, ya que las denuncias se han duplicado hasta las 166 tramitadas hasta el 17 de abril del presente año, frente a las 84 actas de todo el ejercicio 2023. O lo que es lo mismo, en cuatro meses se han puesto más multas que en los dos últimos años completos, ya que sumaron 157.
La segunda tiene que ver con la expansión territorial del fenómeno, ya que el distrito de la Saïdia, próximo al centro pero lejos de ser una zona turística, encabeza las multas, con 47 denuncias, seguido de Ciutat Vella (40) y Poblats Marítims (24). Por barrios, Morvedre (29), el Carmen (20), el Cabanyal (18), Benicalap (13) y Ruzafa (11) con los que más actas acumulan. La presencia de apartamentos turísticos se expande por la ciudad como una mancha de aceite y ya llega a barrios residenciales sin perfil turístico, como Ayora, Ciutat Fallera, Marxalenes, Trinitat, Patraix o Monteolivete.
Así consta en una respuesta del concejal delegado de Policía Local, Jesús Carbonell, al grupo municipal de Compromís, que pidió a mediados de abril los datos detallados sobre el control municipal a las viviendas turísticas ilegales.
Según apuntan fuentes del Ayuntamiento, el plan de control de apartamentos ilegales iniciado por el actual gobierno local "sigue en marcha con inspecciones continuas en todos los barrios de la ciudad, con especial incidencia en aquellos que tienen más demanda turística".
Las mismas fuentes destacan que la Ley de Vivienda estatal "no regula los apartamentos turísticos", lo que provoca "inseguridad jurídica y el aumento de la oferta ilegal" de viviendas de uso turístico.
Por otro lado, Valencia vive un impasse normativo para regular los pisos turísticos, ya que la ordenanza específica sigue pendiente de redacción. De hecho, la alcaldesa, María José Catalá, avanzó a principios de año que el Gobierno local contará con la Universitat de València para su confección. No obstante, esta no es la única herramienta para luchar contra la oferta ilegal, ya que el Consistorio dispone de la propia actividad inspectora y de instrumentos urbanísticos.
"Avalancha insostenible"
La Federación de Asociaciones Vecinales ha insistido esta semana, tras una reunión con el Consistorio, en la "urgencia de detener la avalancha de pisos turísticos que inunda la ciudad y que ya es totalmente insostenible" por su impacto en los alquileres. La entidad pide más inspecciones y que se aplique una moratoria.
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