Vecinos y hosteleros ven como una oportunidad la anulación de la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada el anterior mandato por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís. Ambos sectores quieren que el Ayuntamiento de Madrid se reúna con ellos y acepte, ahora sí, sus peticiones. Para los vecinos, la normativa anulada se hizo "para beneficio exclusivo del sector hostelero" y piden un diálogo sincero entre todas las partes. La hostelería quiere aprovechar este varapalo judicial para corregir los asuntos con los que no están de acuerdo de la ordenanza.
Aunque el Ayuntamiento sigue estudiando si presenta un recurso de casación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el alcalde ya abrió la puerta a modificar la ordenanza con las reclamaciones de vecinos y hosteleros. La intención es, según Almeida, "lograr un equilibrio entre un sector económico esencial y el descanso de los vecinos". Precisamente, la principal queja sobre la gestión de la nueva ordenanza por parte de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) es que se hizo sin consenso alguno e ignorando sus propuestas: 66 sugerencias y alegaciones que, en su mayoría, "cayeron en saco roto". Pero ambos sectores parten de planteamientos muy opuestos.
Los vecinos quieren reducir terrazas y horarios
El conflicto empieza en 2007 para las asociaciones vecinales, cuando por la aparición de la ley antitabaco y la reclamación del sector de la hostelería de compensaciones por las pérdidas, las ciudades "se lanzaron a la generación de una regulación permisiva con las terrazas". Con esto, se eliminaron requisitos como el de tener un informe de impacto ambiental y se autorizó la posibilidad de disponer de terraza todo el año. Desapareció con ello la expresión popular de "terrazas de verano" en Madrid, algo a lo que quiere volver la FRAVM: pide que las autorizaciones para los bares y restaurantes para montar una terraza sean estacionales, durante los meses estivales del año.
En concreto, quieren que el funcionamiento de las terrazas sea en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 31 de octubre, porque "en infinidad de zonas de Madrid no tiene sentido mantener una terraza durante 12 meses o incluso durante los 7 meses y medio estacionales". En esas zonas acaban teniendo decenas de mesas, sillas y sombrillas almacenadas en la calle para usarlas un par de domingos al mes en el mejor de los casos, aseguran desde el FRAVM. Además de la reducción del número de terrazas, quieren que los horarios sean diurnos y vespertinos según la actual Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) municipal. O sea, que cierren, como tarde, a las 23.00h para garantizar el descanso vecinal.
En cambio, para los hosteleros las terrazas ya no son estacionales, son atemporales porque "así lo demandan los madrileños". En las alegaciones mientras se negociaba la anterior ordenanza, el sector cifró en 7 millones de euros los ingresos fiscales que proporcionan las terrazas en Madrid y sostienen 20.100 empleos. Piden recuperar las terrazas en bandas de aparcamiento que se instalaron en la pandemia para facilitar la actividad de bares y restaurantes. Solo contemplan la eliminación de este tipo de terrazas en las zonas que se declaren tensionadas. También la consolidación de terrazas de baja ocupación.
En cuanto a los horarios, en Hostelería Madrid están "cómodos con los últimos aprobados excepto en las zonas de protección acústica", según el director general, Juan José Blardony. Entienden que las zonas ZAP están desactualizadas, ya que fueron declaradas en la década de los 90. En estas zonas, depende de si son consideradas zonas de protección acústica baja, moderada o alta:
- Zona de protección acústica baja: en periodo estacional hasta las 00.00h y los fines de semana y vísperas de festivo hasta las 01.30h. El resto del año hasta las 00.00h.
- Zona de protección acústica moderada: hasta las 01.30h los fines de semana y vísperas de festivo en periodo estacional y hasta las 23.45h lunes, martes, miércoles, jueves y domingo. El resto del año hasta las 23:45h.
- Zona de protección acústica alta: del 15 de marzo y hasta el 31 de octubre, hasta las 01.00h los viernes, sábado y víspera de festivo y hasta las 23.00h el resto de días. Para las que tengan autorización anual, podrán abrir de 09:00h a 23:00h.
En periodo estacional, el resto de terrazas pueden cerrar a las 01.00h de domingos a jueves; viernes, sábados y vísperas de festivo a las 01.30h y el resto del año hasta las 00.00h. En las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), que establece la Ley del Ruido entre los instrumentos de corrección de la contaminación acústica, y su adaptación en la OPCAT, las medidas son más restrictivas. En Madrid hay 4 ZPAE: Centro, AZCA-Avenida de Brasil del distrito de Tetuán, barrio de Gaztambide en el distrito de Chamberí y en el mismo distrito Trafalgar-Ríos Rosas.
Los hosteleros también critican que las terrazas tengan que estar recogidas antes de finalizar su horario de funcionamiento porque "disminuye el tiempo de actividad". Entienden que en ningún caso la Comunidad de Madrid establece una obligación de recogida de las terrazas para las actividades, estableciendo su horario completo de actividad como de servicio a los clientes y no regulando la retirada del mobiliario que se entiende se realiza una vez finalizado el mismo.
La ubicación de las terrazas, otro punto de fricción
Vecinos y hosteleros chocan frontalmente con los requisitos para ubicar las terrazas. Para el sector de la restauración, la limitación generalizada de distancias a elementos públicos supone un recorte en torno a un 30% de las sillas y las mesas. En cambio, desde las asociaciones vecinales piden aumentar estas distancias y reforzar los requisitos para garantizar itinerarios peatonales accesibles. Sostienen que se incumple habitualmente con la distancia de la terraza a lugares e instalaciones sensibles como garajes, pasos de cebra o paradas de bus.
La FRAVM rechaza además la existencia de veladores por ser "un problema de ocupación permanente de espacio público y de salud pública". Una privatización, asegura, del suelo público que provoca "competencia desleal de la hostelería con el resto de negocios que son necesarios en un barrio: el comercio". También pide que solo se autoricen, como en otras ciudades, mesas, sillas y sombrillas, ya que los elementos de jardinería son innecesarios. Asimismo, pide que los elementos que delimitan la terraza y su mobiliario cuenten con la conformidad de la comunidad de propietarios del edificio, acreditada documentalmente.
La ubicación de las mesas en las fachadas de los edificios es otro punto de fricción. Mientras que los hosteleros rechazan las limitaciones a la ocupación en el edificio colindante y que estén dispuestas frente a la fachada del establecimiento por el recorte de espacio a cientos de veladores de Madrid, los vecinos demandan que no se permitan terrazas mayores que la fachada del propio establecimiento. Tampoco las que estén en edificios en esquina limitados con calzada ni frente a fachadas de portales y garajes, sea cual sea el ancho de la acera. Los vecinos también están en contra de apilar mobiliario en la calle e instalar construcciones ligeras.
En la nueva ordenanza, anulada por el TSJM, el Ayuntamiento incluía la figura del responsable de terraza. Los hosteleros piden que también pueda ser una persona delegada la que se ocupe del servicio y de los eventuales conflictos que puedan plantearse. Los vecinos rechazan la existencia de esta figura.
Conceder menos licencias frente a agilizar trámites
El sector hostelero asegura que el procedimiento actual de gestión de las autorizaciones de terraza no funciona porque la distribución en 21 Juntas municipales impide una gestión eficiente de las solicitudes que provoca un retraso injustificado. Cifra en seis meses los plazos de contestación de las solicitudes si simplemente es de sillas y mesas, y de un año si incorpora elementos como toldos, construcciones ligeras o sombrillas. Por eso, piden la creación de una Agencia única de autorizaciones de terrazas como ya se hizo en 2009.
Para la concesión de una terraza, los vecinos quieren que se recupere la obligatoriedad de realizar un informe de impacto ambiental al área municipal competente, priorizando el respeto al descanso. Además, quieren que se introduzcan medidas de delimitación y un decrecimiento del número de licencias, en especial en zonas especialmente masificadas o tensionadas acústicamente o saturadas de actividad hostelera.
Consideran los residentes que hay que incrementar las sanciones: la actual normativa contempla la extinción de la autorización si se cometen tres infracciones graves o dos muy graves en el término de dos años. Además durante el plazo de un año no podrá solicitar otra autorización. Proponen que la comisión de una infracción muy grave deba ir acompañada automáticamente de la extinción de la autorización y que una sanción muy grave inhabilite por un plazo de 2 años para poder solicitar un nuevo permiso.
En lo que sí coinciden vecinos y hosteleros es en no permitir la instalación de terrazas en las conocidas como food trucks. Para el sector, supondría cambiar el objetivo general de la Ordenanza de asegurar la calidad en la prestación de servicios y no conciben este tipo de estructura móvil con carácter fijo y permanente en cualquier zona de la ciudad. Los vecinos argumentan: "no imaginamos un puesto de venta de castañas con terraza, ni una churrería ambulante con terraza ni un quiosco de prensa con terraza y, por lo mismo, no imaginamos un food truck con terraza".
Los vecinos alegan que se vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, como han reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, al exponerse de forma prolongada a niveles de ruidos superiores a los límites legales. Eso sí, para el Ayuntamiento, según la última revisión del Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica en 2020, la población expuesta a niveles superiores a 55 dBA, objetivo de calidad acústica establecido en la legislación para el periodo nocturno, es el 9,3% de la población total de Madrid.
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