La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, las dos autonomías peor financiadas de España, han sumado fuerzas para exigir al Gobierno central el cambio del actual sistema, caducado desde 2014, que las "maltrata sistemáticamente", así como la condonación de la deuda acumulada durante años por esta "desigualdad de oportunidades", que en el caso valenciano asciende a 43.000 millones de euros, el 78% del total de la deuda.
Así lo ha expuesto este martes la consellera de Hacienda, Ruth Merino, tras reunirse con su homólogo murciano, Luis Alberto Marín, en Valencia, donde estos días se celebra una cumbre con cerca de 70 expertos en financiación autonómica y descentralización financiera.
De este modo, las dos comunidades han reclamado de manera conjunta al Ministerio de Hacienda que actualice los importes de las entregas a cuenta de 2024, que pague las cantidades que están dejando de recibir las autonomías por esta falta de actualización y que habilite un fondo de nivelación con el resto de territorios. En el caso de la Comunitat Valenciana, el "desfase" entre los importes que se les comunicaron a las comunidades autónomas en diciembre y lo que el Ministerio les está ingresando cada mes acumula ya una deuda de 450 millones de euros hasta este mes de mayo. Para la Región de Murcia, la cantidad pendiente asciende a 120 millones de euros.
Merino criticó que el Gobierno debe en lo que va de 2024 a "todos" los valencianos 1.000 millones de euros que, según indicó, servirían para "igualarnos a la media". "Mil millones de euros por esa falta de actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación y también por el sistema de financiación que nos lastra y nos perjudica de una forma tan injusta desde hace ya tantos años a todos los valencianos", aseveró.
La también portavoz del Consell afeó al Ejecutivo la "falta de altura de miras" y de "responsabilidad" al no cumplir con el mandato constitucional de llevar a cabo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) lo cual, a su juicio, "está lastrando financieramente mes a mes a todas las comunidades". "El principio de igualdad entre españoles está absolutamente olvidado por el Gobierno de España. Mil millones de euros es esa cifra de la vergüenza y del desprecio del Gobierno para con los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", manifestó la consellera.
Preguntada por la aplicación de un Fondo Transitorio de Nivelación al margen de los PGE, Merino explicó que tanto la aprobación de una transferencia para igualar a la media a las comunidades infrafinanciadas, como la actualización de las entregas a cuenta de este año podrían aprobarse por Real Decreto-ley. "Por tanto, es meramente una cuestión de voluntad política del Gobierno de Sánchez", manifestó.
En el caso de la Comunitat Valenciana, y según un estudio elaborado por la Comisión de Expertos en financiación autonómica nombrada por Les Corts, este fondo de nivelación debería ser de 7.128 millones de euros en total para el conjunto de la legislatura, lo que de media supone 1.782 millones de euros al año.
Por su parte, el responsable de Economía, Hacienda y Empresa de la Región de Murcia censuró el "maltrato sistemático" del sistema de financiación que, desde hace 15 años, "considera tanto a los valencianos como los murcianos ciudadanos de segunda".
"Es absolutamente injusto e insolidario y, por tanto, es de urgente necesidad que se cambie un sistema que penaliza a los ciudadanos de la Región de Murcia y de la Comunitat y que pone en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o las políticas sociales", añadió.
Reunión de expertos
En la XI Jornada de la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE), que se celebra en Valencia con la colaboración del Ivie y la Generalitat, se ha hecho una llamada a actualizar el modelo de financiación, que lleva diez años prorrogado.
El debate llega a Les Corts
El pleno de Les Corts de la próxima semana debatirá una propuesta del PP para pedir un fondo de nivelación hasta la reforma de la financiación. La comisión de Economía ya aprobó en 2023 una iniciativa similar del PP con el voto a favor de PSPV y Compromís y la abstención de Vox.
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