BBVA ha informado al regulador bursátil de que pretende hacerse con el control de Sabadell pasando por encima del consejo de administración de la entidad catalana. Es decir, buscará una OPA hostil en los mismos términos de la oferta amistosa que Sabadell ya rechazó el pasado lunes al considerar que el precio ofrecido era insuficiente. El anuncio este jueves de que BBVA pretende ir por las bravas a por Sabadell se produce a solo tres días de las elecciones catalanas y ha suscitado el rechazo frontal del Gobierno y la Generalitat
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha defendido en una rueda de prensa ante inversores y analistas que la oferta es "extraordinariamente atractiva" y que generaría "una combinación de dos entidades muy potente". La operación solo se materializaría si BBVA logra hacerse con más del 50% del capital de Sabadell y el actual consejo directivo de la entidad catalana se quedaría sin asiento en la nueva entidad.
El banco con sede en Bilbao ha mantenido la misma propuesta que presentó al presidente de Sabadell, Josep Oliu, la semana pasada, pero en esta ocasión dirigida a sus accionistas (de ahí el epíteto 'hostil para la OPA). Cada 4,83 acciones de Sabadell en sus manos se canjearía por una de BBVA, lo que supone una prima del 30% respecto al valor de la acción que se registraba el 30 de abril.
No obstante, habrá que ver si a los accionistas de Sabadell les convence la oferta. Algo más de la mitad del accionariado del banco catalán son grandes fondos de inversión y el resto, inversores minoristas. Una estructura que debería facilitar la operación al no existir un accionista con una participación lo bastante grande que por sí solo pueda condicionar el movimiento.
Torres ha explicado que ya se han puesto en contacto con accionistas de Sabadell y algunos le han trasladado que verían con buenos ojos el movimiento. BBVA pretende cerrar la operación en un plazo de entre seis y ocho meses, ha trasladado su presidente. Por su parte, el banco catalán ha vuelto a rechazar la oferta, al considerar que "infravalora significativamente el proyecto del banco".
Rechazo del Gobierno
No obstante, la viabilidad de la operación depende del visto bueno de los reguladores y del Ministerio de Economía. El movimiento debe ser autorizado por el Banco Central Europeo (BCE); el regulador bursátil (la CNMV); la autoridad de competencia (la CNMC) y, en última instancia, por el Ministerio de Economía, capitaneado por Carlos Cuerpo.
El ministro de Economía se ha mostrado contundente y ha rechazado de plano una operación que, considera, puede tener "efectos lesivos potenciales" y que no le gusta "ni en la forma ni en el fondo". Una OPA hostil que puede generar "inestabilidad, incertidumbre y volatilidad", ha defendido Cuerpo en una entrevista concedida a TVE. Unos argumentos que ha replicado el candidato socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa.
Además, el ministro ha dejado claro que el Gobierno "tiene la última palabra" en las fusiones de bancos, tal y como se recoge en la Ley de supervisión bancaria, y ha descartado que su negativa tenga que ver con las elecciones que se celebrarán el domingo. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido más directa y ha asegurado que el Gobierno va a aplicar esa ley para frenar la operación.
En los mismos términos se ha pronunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "El Ministerio de Economía tiene la última palabra y desde el primer momento hemos trasladado que el Gobierno no va a autorizar esta operación", ha señalado. Los motivos del Ejecutivo para no hacerlo es que conllevaría una excesiva concentración de riesgos y también podría poner en peligro la "cohesión territorial" de las oficinas.
Montero también ha sido contundente con las palabras del presidente del BBVA diciendo que el Ejecutivo terminará "apreciando" la operación: "Me llama la atención que hable en nombre del Gobierno. Yo sí puedo hablar en nombre del Gobierno y el presidente del BBVA y el resto de la sociedad saben que se opone a esta OPA", ha zanjado. A su juicio, esa valoración de Torres podría explicarse porque quiere tranquilizar a sus inversores y accionistas. "Él sabe la opinión del Gobierno", ha remachado.
Cataluña y Comunidad Valenciana también se oponen
El movimiento tampoco gusta nada en la Generalitat de Cataluña, que ya ha empezado a movilizarse para tratar de frenarlo. La consellera de Economía, Natàlia Mas, ha pedido por carta a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, y a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, que no autoricen la operación. El president de la Generalitat, Pere Aragonés, la ha criticado también y se ha mostrado preocupado por los efectos negativos que podría tener sobre la economía catalana.
La negativa a la operación se ha extendido también a la Generalitat Valenciana, cuyo presidente, Carlos Mazón (PP), ha manifestado estar "absolutamente en contra". "Es una operación que destruye valor, que destruye trabajo, territorio y competencia", ha aseverado Mazón, que ha añadido que también va en contra de la provincia de Alicante, donde tiene su sede social Sabadell.
En cambio, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha salido a defender la operación y ha pedido "respeto" a las autoridades "por las decisiones que quieran tomar desde el ámbito privado". "Dejen a las empresas trabajar y a los accionistas decidir", ha señalado.
Una posición que no comparte Foment del Treball, el capítulo catalán de CEOE, con el que Garamendi ha tenido algunas tiranteces. La organización ha emitido un comunicado en el que señalan que las fusiones bancarias deberían ser entre entidades de distintos países europeos y advierten de que los perdedores "serán las pymes catalanas".
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